El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, lanzaron hoy en una ceremonia virtual, con distintos representantes de los distintos estamentos de la institución y de la sociedad civil, el nuevo reporte de sostenibilidad del Poder Judicial 2020.

Desde 2015, el Poder Judicial ha estado trabajando en una política de sostenibilidad para la institución, avanzar en las tres dimensiones (económica, social y medioambiental), incluyendo aspectos como Gobernanza, Transparencia, Ética y Rendición de Cuentas, Acceso a la Justicia y Modernización, Medio Ambiente, Personas y Proveedores, Comunidad y Comunicaciones.

Durante 2019, el Poder Judicial conformó un Comité de Sostenibilidad, que fue presidido por el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm, y que elaboró una nueva “Política de Sostenibilidad” al interior del Poder Judicial, en sintonía con los nuevos desafíos asumidos por los gobiernos del mundo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Silva recalcó que “en los últimos años, se ha constatado que desde el interior de la institución existe mucho interés por avanzar en el cuidado del medioambiente y se están haciendo cambios profundos en materia de sustentabilidad, y estoy orgulloso de poder dar cuenta de ellos, ya que nos permite proyectarnos hacia el futuro”.

Por su parte, la ministra Schmidt destacó que “la política de sostenibilidad del Poder Judicial está dando frutos, las instituciones debiesen tomarlo como ejemplo y caminar hacia el progreso de forma responsable”.

El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, resaltó los avances en materia de atención al usuario como “el programa nacional realizado por el bus de la justicia, el sistema de traducción en línea para atender a personas extranjeras, pueblos originarios o personas con alguna discapacidad nos han ayudado enormemente en brindar un mejor acceso a la justicia”.

El propósito de este reporte es informar públicamente a la comunidad sobre los avances en la materia de sostenibilidad, es decir, de los impactos económicos, ambientales y/o sociales, por lo tanto, sus contribuciones hacia el objetivo del desarrollo sostenible.