El Consejo de Defensa del Estado presentó hoy lunes, ante el Juzgado de Garantía de Iquique, querella criminal contra 16 personas por su responsabilidad en graves delitos de corrupción cometidos entre 2017 y 2020, en el contexto de millonarias licitaciones públicas adjudicadas para el recambio del alumbrado eléctrico en esa comuna de la Región de Tarapacá.

La querella del CDE se dirige en contra de 16 de empleados públicos y particulares individualizados, y también en contra de todos quienes resulten responsables de delitos de fraude al Fisco, soborno reiterado, cohecho reiterado, violación de secretos y lavado de activos. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se determinen en el curso de la investigación, especialmente, el delito de asociación ilícita, que podría ser objeto de una eventual ampliación de querella por parte del Organismo.

De acuerdo con los hechos y antecedentes descritos en la acción del Consejo, la investigación del Ministerio Público iniciada a mediados de 2018 logró establecer diversas acciones constitutivas de delitos por parte de privados, quienes, concertados y con la ayuda de funcionarios públicos pertenecientes a la Municipalidad de Iquique, lograron la adjudicación ilícita de licitaciones públicas para la renovación de las luminarias en esa comuna, utilizando tecnología LED.

“El Consejo ha interpuesto querella criminal en contra de un importante grupo de personas -empleados públicos y particulares- quienes, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, se habrían concertado para cometer graves delitos de corrupción en forma sostenida desde el inicio de los procesos licitatorios, conformando una maquinaria que dañó profundamente la probidad y transparencia de la función pública y ocasionó un cuantioso perjuicio patrimonial para el país”, sostuvo el Presidente del Organismo, Juan Antonio Peribonio.

La investigación ha logrado acreditar que ciertas empresas participaron en dos procesos licitatorios luego de contactar a funcionarios municipales para tomar ilegal conocimiento de las bases de licitación y adecuar sus propuestas a las mismas, elevando indebidamente los costos de aquellas, ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados. De esa forma, los funcionarios acordaron una retribución económica por permitir el acceso indebido a la información y la adecuación de las bases y, posteriormente, asegurar a dichas empresas la adjudicación de las licitaciones. En definitiva, los imputados habrían realizado maniobras ilegales y defraudatorias, desde la elaboración de las bases, hasta los contratos para ejecutar las obras.

De acuerdo con Mercado Público, Itelecom Holding Chile SpA y sus empresas asociadas se adjudicaron entre 2017 y 2020 38 licitaciones de distintas municipalidades, de la Subsecretaría de Energía y del Gobierno Regional de Aysén, por un monto de alrededor de 35.720 millones de pesos.

Respecto de la licitación Propuesta Pública Nº15 de 2018, “Recambio masivo de alumbrado público”, el CDE interpuso querella criminal en contra del gerente general y subgerente de ITELECOM Holding Chile SpA., León Marcelo Lefort Hernández y Pedro Guerra Guerrero, y de su intermediario Cristián Ureta Bravo, como autores de delitos de soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco. En tanto, se querelló en contra del ex funcionario de SECOPLAC de dicha Municipalidad, Gustavo Proby Yun Kan, como autor del delito de soborno reiterado; y en contra del ex Seremi de Deportes y, al momento de los hechos, funcionario de la Municipalidad de Pozo Almonte, Johan Vieira Pineda, por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco.

Con el propósito de pagar los sobornos respectivos, la coordinación entre los representantes de la empresa y los funcionarios públicos querellados logró aumentar el valor de la propuesta en 500 millones de pesos, maniobra que permitió que la licitación les fuera adjudicada por un monto de $6.545.821.482.

En consecuencia, el Consejo interpuso querella criminal en contra de la encargada de licitaciones de Secoplac, Daniella Vargas Barbaric, y en contra de los funcionarios del Departamento de Control de dicho servicio municipal Tomás Vodnizza Figueroa y Rubén Guisa Castro. En contra de los dos primeros lo hizo por delitos de cohecho reiterado, violación de secreto y fraude al Fisco y, en contra del último, por cohecho reiterado y fraude al Fisco.

En tanto, en contra de los concejales Guillermo Cejas Valenzuela, Felipe Arenas Lamas, Arsenio Lozano Vidal y Mitchel Cartes Tamayo, quienes habrían recibidorecibieron beneficios económicos por parte de los privados imputados, el Consejo se querelló por su responsabilidad en calidad de autores de cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco.

La investigación penal también ha logrado determinar que los funcionarios públicos involucrados realizaron acciones tendientes a encubrir los dineros recibidos, o por recibir, mediante gestiones para obtener créditos, comprando vehículos a nombre de parientes, con el objetivo de evitar que esos dineros pudieran ser detectados en el futuro.

En cuanto a la licitación Propuesta Pública Nº 6 de 2018, “Adquisición e instalación de luminarias, recambio de postes metálicos, canalización y alumbrados subterráneos en avenidas, e instalación de cruces peatonales en avenidas de la comuna de Iquique”, realizada en forma paralela a la adjudicada a ITELECOM, el CDE se querelló en contra de los representantes de la empresa ELEC, Marcos Contreras Terfer, Mario Villalobos Alvarado y Martín Vargas Fuentes, como autores del delito de soborno reiterado. Y, en contra de José David Hidalgo Abarzúa, en calidad de cómplice de dicho delito.

Utilizando la misma forma de operar que ITELECOM, los representantes de ELEC, por medio de los intermediarios señalados anteriormente, ofrecieron beneficios económicos a funcionarios públicos de esa municipalidad para que actuaran en su beneficio en cada una de las etapas del proceso de licitación, la cual les fue adjudicada en noviembre de 2018 por un monto de $3.112.132.886.