Durante la mañana de este miércoles, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, junto al Jefe de Zona Tránsito y Carreteras, general Manuel Valdés, participaron en una nueva fiscalización masiva que se realizó en el km 8.1 de la Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

Tras la fiscalización matutina, se realizaron más de 770 controles que dejaron a cuatro personas detenidas, dos de ellas por incumplimientos a las medidas sanitarias y, además, se cursaron 17 infracciones por ley de tránsito.

Estas fiscalizaciones tienen por objetivo controlar a quienes transiten por las calles, y verificar si estas personas portan los documentos pertinentes para transitar o si están incumpliendo con la cuarentena en caso de que sean COVID-19 positivo.

La subsecretaria Martorell indicó que “tal como hemos señalado durante estos días, vamos a intensificar y redoblar todos los esfuerzos para tener una mejor fiscalización. El día lunes tuvimos solo en una hora 75 detenidos en el Paseo Ahumada. Ayer, en cuatro horas hubo 88 detenidos en la Región Metropolitana, y hoy día estamos en la Costanera Norte y ya van 4 personas detenidas, 2 de ellas por infringir nuevamente la normativa sanitaria”.

Asimismo, la autoridad enfatizó que “todos los puntos de la Región Metropolitana van a ser fiscalizados, porque, insisto, vamos a desplegarnos con toda la fuerza que nos otorga la ley para hacer cumplir la normativa sanitaria. Lo que está en juego hoy día es la vida y la salud de las personas, y en eso no vamos a titubear ni un segundo”.

En tanto, el general Valdés señaló que “se está controlando en Costanera Norte y se van a suceder los controles en autopistas desde las 7:30 AM a todos los vehículos. Ya hay personas que han sido detenidas por vulnerar el art.318 del Código Penal o que conducen sin hacer uso de las placas patentes. También son controles dinámicos que van a cambiar de lugar a otras autopistas y a otros lugares de la Región Metropolitana”.

Respecto a las personas reincidentes que incumplen la cuarentena y el toque de queda, el Ministerio del Interior se querellará en estos casos. Las sanciones por estas prácticas pueden llegar a multas de hasta 50 millones de pesos o penas privativas de libertad, que pueden llegar desde los 61 a 540 días de cárcel, según lo estime la justicia.