En un balance del trabajo desarrollado desde el inicio del estado de emergencia, el juez presidente del Juzgado de Garantía de Coquimbo, Diego Rubí, informó respecto de la labor desarrollada por el tribunal, considerando las medidas sanitarias que han restringido el acceso presencial a las audiencias.

En ese sentido, según el informe elaborado, el tribunal realizó durante marzo y mayo, un total de 891 audiencias y, al mismo tiempo, se dieron término a mil 155 causas.

“El balance que se realiza a contar del inicio de la pandemia el 18 de marzo hasta las cifras que tengo recopiladas al 29 de mayo, es básicamente que ha existido un incremento sustancial de los delitos de amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, y particularmente desde abril y mayo se han incrementado los delitos que dicen relación con la salud pública, infracciones al toque de queda, esos delitos se han incrementado de manera notoria”, señaló el juez.

En ese contexto, el tribunal ha decretado un total de 469 tipos de medidas cautelares a 308 personas, de estas 195 fueron decretadas en audiencias y el resto por oficio. Considerando la actual contingencia y la preocupación de las causas de violencia intrafamiliar en el presente periodo las medidas cautelares por esta categoría han aumentado con respecto al año anterior en un 21 por ciento.

Asimismo, se realizaron coordinaciones con el Ministerio Público y Defensoría de la comuna de Coquimbo, de manera que las medidas cautelares brinden una protección integral a las víctimas.

“Hemos decretado prohibiciones de acercamiento a domicilios, lugares de trabajo, estudio y las hemos extendido especialmente a la prohibición de comunicaciones por redes sociales, lo que es súper importante por cuanto el juez podría decretar una medida de no acercamiento al domicilio pero el hostigamiento puede ocurrir mediante publicaciones principalmente en las aplicaciones de Whatsapp y de Facebook”, explicó Rubí.

Para agilizar los procesos, que continuarán desarrollándose a través de teletrabajo y videoconferencia, el tribunal comenzó a operar el pasado lunes 8 de junio con una tercera sala de alegatos, destinando, de este modo, una sala para controles de detención, y dos salas para las audiencias programadas, que incluye causas por violencia intrafamiliar y tribunal de tratamiento de drogas.

“Continuaremos con el mismo sistema adoptado desde el inicio de la pandemia, es decir, los imputados que asisten presencialmente, ingresan a la sala donde está dispuesta la videoconferencia con las medidas necesarias para que preste su declaración por este medio y en el caso de las víctimas, comparecen desde la fiscalía local. En los controles de detención, los detenidos prestan declaración desde las dependencias de Carabineros y Policía de Investigaciones”, concluyó el magistrado.