La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado rechazó -con votación dividida- la idea de legislar sobre el proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, también conocido como “ley humanitaria”.

A favor se pronunciaron los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez Varela y los votos en contra, fueron de los senadores Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla y Pedro Araya.

Con esto, la iniciativa llega a la Sala con dos informes negativos, puesto que al de la citada instancia se suma el de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que también rechazó la idea de legislar sobre la materia con los votos en contra de los senadores Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro y los votos a favor de los senadores Iván Moreira y Kenneth Pugh.

Cabe recordar que la iniciativa plantea la sustitución de la pena privativa de libertad por reclusión domiciliaria total para aquellos condenados que estén diagnosticados con una enfermedad en fase terminal; aquellos que por cualquier causa tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa; y aquellos de setenta y cinco años de edad o más, que hubieren cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta, con excepción de las condenadas a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, quienes deberán tener cumplidos veinte o cuarenta años de privación de libertad efectiva, respectivamente.

Previo a la votación en general de este proyecto en la Comisión de Constitución, se escucharon las opiniones de las opiniones de penalistas, agrupaciones de familiares de víctimas y de organizaciones de Derechos Humanos.

En la sesión expusieron el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco y el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicó que los mayores de 75 años con la mitad de la pena cumplida son 33 personas en total y de ellas 14 son condenados por delitos de lesa humanidad.

En ese escenario, los senadores De Urresti, Huenchumilla y Araya manifestaron que esta iniciativa “no es necesaria” pues “el Presidente de la República tiene la facultad de aplicar el indulto a quienes él estime pertinente” y que no respaldarán esta iniciativa pues podría favorecer a condenados por delitos de lesa humanidad.

Por su parte, los senadores Allamand y Pérez Varela manifestaron que este proyecto está pensado para quienes “están gravemente enfermos o en un estado terminal de sus enfermedades por lo que se debería dar una alternativa para que cumplan su condena en condiciones que no afecten su dignidad”.