El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, se refirió este miércoles a la aprobación del proyecto que aumenta las penas para quienes infrinjan las normas sanitarias durante pandemia.

A su vez, sostuvo que se debe ver si efectivamente la medida es llevada al Tribunal Constitución (TC), como dijeron desde el Partido Socialista (PS).

Al respecto dijo que “llama la atención de que haya tenido el voto favorable de los senadores socialistas y que hoy haya generado dudas en el sentido contrario”.

Cabe recordar que luego del despacho de la medida por parte de la Cámara Baja, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, planteó: “¿Cuál es la razón por la cual yo he hecho reserva de constitucionalidad hoy día? La razón es súper clara: No es posible establecer una figura penal a través de una normativa infralegal. Es decir, aquí la propia norma es clara y precisa respecto de la figura penal que se va a establecer”.

“Por lo mismo, creo que esta norma hoy día presenta graves vicios de constitucionalidad en el derecho penal estricto. Entonces, esperamos que en definitiva sea el Tribunal Constitucional el que defina la constitucionalidad”, explicó Ilabaca.

Sobre este tema, el secretario de Estado dijo que “es un anuncio, hay que ver si efectivamente ello ocurre, pero también yo quisiera ser muy claro, este proyecto avanzó con amplias mayorías. De hecho, en el Senado lo aprobamos por una votación muy importante, donde los parlamentarios y senadores del PS concurrieron con su voto favorable”.

Respecto de las críticas en torno a que no se debería penar con cárcel este tipo de delitos, Blumel enfatizó que “posiblemente no se han leído o no han entendido bien el proyecto, porque este proyecto lo que hace es establecer un conjunto de instrumentos para sancionar a quienes no cumplen la ley, y esto es independiente de la condición socioeconómica o de la realidad de cada persona”.

“En particular en este caso, el proyecto además contempla una serie de alternativas para poder considerar cada situación en función de la realidad y, por eso, la regla general establece la posibilidad del trabajo comunitario, pero por supuesto, si se hace necesario ante incumplimientos graves, obviamente van a haber sanciones muchísimo más duras, incluyendo penas de cárcel hasta los cinco años”, destacó.