El senador Kenneth Pugh presentó este miércoles una reforma constitucional que permitiría relacionarse digitalmente con el Estado.

“Es necesario transitar hacia un modelo digitalmente robusto, en donde el Estado implemente plenamente lo dispuesto en su Ley de Transformación Digital, ayudando a crear, además, una cultura digital segura en nuestra sociedad, tal cual lo señala la Ley del Mes Nacional de Ciberseguridad”, apuntó.

En este sentido, agregó que lo anterior debe ir acompañado “del necesario debate acerca de cómo crear un modelo de interoperabilidad del Estado, con un sistema de identidad digital, domicilio digital y firma digital robustos, que permitan y aseguren la seguridad y trazabilidad de las transacciones, evitando así la pérdida, alteración o modificación de la información”.

“Del mismo modo se requiere adoptar una ley que defina y proteja nuestra infraestructura crítica de la información, así como también una institucionalidad en materia de ciberseguridad ―a través de un Sistema Nacional de Ciberseguridad―; junto a la creación de una ecosistema que fomente el desarrollo y la difusión del conocimiento digital, promoviendo la especialización y el talento de expertos en esta materia, lo que es posible concebir a través de distintas iniciativas como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBER, tal como hemos venido proponiendo desde la Región de Valparaíso”, explicó el parlamentario.

A su juicio, “el establecer constitucionalmente este derecho permite impulsar, desde lo más alto de nuestra jerarquía del Estado, la creación de una política pública eGov, tal como sucede en la mayoría de las economías de la OCDE, lideradas en gobierno digital por Estonia, Canadá y Nueva Zelandia, que cuentan con una política pública explícita respecto del rol que las TI tienen en el proceso modernizador del Estado, y que esta pandemia está dejando en claro que Chile debe modernizarse de verdad y una forma concreta es la digitalización de los procedimientos administrativos”, dijo.

“En definitiva esta reforma además de modernizar la forma tradicional de hacer Estado conlleva la consagración de este derecho que facilita la relación de la ciudadanía con el Estado sea más transparente, ágil, eficiente, auditable, transaccional e incluso más ecológica; y aumenta la transparencia de nuestro Estado y los actos que en él se realicen, impulsando la probidad y desalentando la corrupción”, explicó el senador por Valparaíso.