El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada contra el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por el delito de prevaricación administrativa.

Según consigna BioBioChile, la denuncia presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, acusa a Gallli de entregar autorizaciones para que empresas ejerzan labores no esenciales en medio de la cuarentena.

Rendón aseguró que durante el confinamiento han funcionado en la Región Metropolitana empresas de otros rubros distintos a abastecimiento, servicios críticos y sanitarios, los único considerados como esenciales.

Mediante un comunicado, el abogado detalló que “hemos podido constatar que se han excepcionado a empresas que no tienen nada que ver con estos rubros, que no constituyen ningún aporte para enfrentar la pandemia, pero que sí implican la exposición al riesgo de contagio de sus trabajadores, contagio que como sabemos puede llegar a ser mortal”.

Rendón apunta, por ejemplo, a obras de mejoramiento de veredas en el sector de El Llano, en la comuna de San Miguel, el pasado martes 16 de junio.

Por lo mismo, solicitó a la PDI recabar antecedentes de este hecho y otro similar registrado en Peñalolén; los permisos y autorizaciones otorgados por la Subsecretaría de Interior; y la declaración de Galli.

“El Gobierno apunta a la ciudadanía como responsable de no acatar la cuarentena y anuncia elevadas penas, pero en la realidad es el mismo Gobierno el que está excepcionando arbitrariamente a diversas empresas”, sentenció el abogado.