Evitar que las empresas hagan mal uso del Permiso Único Colectivo y llamen a sus trabajadores a realizar labores no esenciales en zonas en cuarentena. Este fue el objetivo de la fiscalización que realizó este lunes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en compañía del Prefecto Inspector Iván Villanueva, de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de la Seremi de Salud Metropolitana, en las comunas de Conchalí y Colina.

La primera empresa en ser fiscalizada fue la tienda Fashion’s Park, ubicada en Conchalí, luego de que una denuncia informó que presuntamente se estaba obligando a los trabajadores a asistir al lugar. Por lo mismo, la PDI y la Seremi de Salud iniciaron una investigación a fin de determinar si se incumplieron de alguna manera las normas sanitarias.

“Se está verificando si ha existido ese tipo de incumplimiento. Se ha levantado por parte de la Seremi de Salud toda la evaluación respecto de la situación sanitaria del lugar. También por parte de la PDI se va a tomar y se va a solicitar todos los requerimientos para verificar si existió en los días anteriores el incumplimiento de la normativa”, señaló Matorell.

Por la tarde, en tanto, las autoridades se trasladaron hasta Colina, donde se fiscalizó la tienda Rollux y se inició el correspondiente proceso investigativo para dilucidar si hubo incumplimientos sanitarios o desde la perspectiva penal.

La empresa, que se dedica a la confección de cortinas, había realizado un cambio de giro repentino que apuntaba al rubro de las farmacias, y en su interior se encontraron más de 20 trabajadores realizando labores y actividades que no están definidas como esenciales. Además, en el ingreso se encontraba un cliente que esperaba retirar un pedido de cortinas.

“Adentro está lleno de trabajadores confeccionando cortinas. Eso no es primera necesidad y por eso esperamos que se aplique todo, todo el rigor de la ley con los responsables”, expresó la subsecretaria.

Por su parte, Villanueva declaró que “deben atender aquellas empresas y trabajadores que sean estrictamente necesarias. El resto de las personas deben permanecer en sus domicilios y no pueden estar circulando ni poniendo en riesgo la vida de ellos y de los demás”.

Martorell expuso también que se han endurecido las penas para las empresas que hagan mal uso de los permisos o no cumplan las instrucciones de la autoridad.

“La señal es sumamente clara. Aquellos empresarios que piensen que pueden obligar a sus trabajadores, buscando alguna artimaña para hacerlos trabajar cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas de delitos que pueden alcanzar incluso los tres años de privación de libertad”, manifestó.

Junto con esto, la autoridad explicó que la nueva ley contempla multas que pueden llegar a los 12 millones y medio de pesos, las cuales se adicionan a los sumarios sanitarios, que pueden acarrear sanciones de hasta 50 millones de pesos, e incluso el cierre de la empresa.

La subsecretaria mencionó que estas fiscalizaciones continuarán en el tiempo y que se hará especial hincapié en aquellas empresas que hagan mal uso del Permiso Único Colectivo.

Este documento es obligatorio para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en zonas sometidas a cuarentena y está dirigido exclusivamente a las empresas que son consideradas esenciales en el “Instructivo para permisos de desplazamiento” del Gobierno, el cual se puede consultar en https://www.gob.cl/coronavirus/documentos.

Finalmente, se informó que a partir de mañana 23 de junio se habilitará en el sitio web https://denunciaseguroweb.spd.gov.cl/, la posibilidad de que la ciudadanía denuncie de manera anónima a las empresas que están incumpliendo la normativa sanitaria.