“No hay ningún peso que se haya pagado, pues yo mismo detuve ese proceso”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, haciendo referencia a los contratos irregulares de residencias sanitarias que terminaron con tres funcionarios fuera de la institución.

En su participación en la comisión que investiga los actos del gobierno relacionados con el estado de catástrofe por calamidad pública por la pandemia de Covid-19 y consultado por los procedimientos adoptados tras la denuncia de un evidente conflicto de interés en el proceso de adquisición de una residencia sanitaria, el subsecretario explicó en detalle las medidas tomadas.

Aseguró que “siempre fuimos por delante” en la entrega de toda la información para las investigaciones por la contratación irregular del Hotel Clínico SpA y que tras este hecho ordenó que se hiciera una auditoría a las contrataciones en todos los servicios de salud del país, para asegurar que cumplan los estándares de probidad.

Explicó también los procedimientos de contratación del Centro Hospitalario Huechuraba (Espacio Riesco) que hasta la fecha recibe a cerca de 150 pacientes, número que podría llegar a los 200. Aseguró que la elección del lugar se debe a que cumple con la infraestructura necesaria para entregar bienestar a las personas que se encuentran internadas ahí.

Destacó también el fortalecimiento de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, que ha permitido el traslado de cerca de 80 pacientes diarios a diferentes regiones del país, para asegurar que tengan la atención de salud acorde a sus necesidades. Del mismo modo, destacó la implementación de hospitales modulares con capacidad para 100 camas.

Junto a todo esto, Zúñiga explicó cuáles han sido las medidas que se implementan para cuidar y prevenir el contagio de personal de salud, entre las que se encuentran las facilidades para atención de salud mental junto a medidas de protección en el traslado desde y hacia los centros de salud.

Durante su participación, también estuvo presente el director de Cenabast, Valentín Díaz, quien detalló los procesos de compra de implementos de protección y medicamentos, aclarando las dudas planteadas por diputados por compras con sobreprecios.

Subsecretaria de Evaluación Social

En la misma instancia participó también la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien detalló las mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que tiene como pilar fundamental la protección de los ingresos de las familias.

En la instancia aseguró que, en este escenario, los beneficios sólo serán revisados al alza, por lo que quienes ya reciben el beneficio, aunque su situación económica mejore, no dejarán de percibir el apoyo económico del Estado.

De acuerdo a las cifras entregadas, serían cerca de un millón 150 mil beneficiarios sin apelaciones. Pero, hasta el 18 de junio casi 263 mil habrían apelado, por lo que el número de beneficiados podría seguir en aumento.

Sin embargo, tanto en la sesión como por oficios, quienes integran la instancia plantearon dudas sobre cómo se está informando y entregando este apoyo económico estatal, pues a juicio de varios, es necesario perfeccionar el sistema para que logre tener un impacto mayor.

Alejandra Matus

Finalmente, la comisión recibió la exposición de la periodista Alejandra Matus, quien explicó el mecanismo por el cual alertó de una cifra mayor de fallecimientos a la informada por las autoridades del Ministerio de Salud.

De acuerdo a lo señalado, al 21 de junio, aplicando un método que se conoce como “contabilidad de exceso de mortalidad”, había cerca de 7.700 casos de exceso de muertes en el período de pandemia, contado desde el 2 de marzo. Sin embargo, hasta la fecha solo se han informado de un número cercano a los cuatro mil.

La periodista señaló que los centros de control de infecciones de EE.UU. y Europa utilizan esta metodología porque es una manera de estimar el impacto directo e indirecto de la pandemia, donde se suman, por ejemplo, las muertes domiciliarias en las que podría haber sospecha de Covid-19.

Agregó que en el promedio nacional existe cerca de un 50% más de fallecidos. Es así como la Región Metropolitana experimentaría un aumento de un 41%, Antofagasta de 12,6%, Tarapacá un 21,7%, Valparaíso un 8,3% y Magallanes un 5.9%

En su presentación, Alejandra Matus criticó que no se controle que se sumen las muertes ocurridas en hogares de ancianos con sospecha del virus, en las cárceles y de las personas en situación de calle.