La justicia declaró admisible querella en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que representa a más de 80 mil funcionarios públicos, y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), que la conforman casi 4 mil trabajadores de la Salud.

Entre los argumentos de la querella, se sostiene que los querellados cometieron “una negligencia grave, como descuido consciente y voluntario de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la nación, que se refleja en las medidas adoptadas por el Presidente de la República y el ex Ministro de Salud en el territorio de Chile, que han tenido como resultado el fallecimiento de 10.159 personas a causa o producto del contagio de Covid-19, de acuerdo al 31° Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud, sobre casos sospechosos y confirmados, acumulados al día 5 de julio del año 2020”.

Entre otros antecedentes, “existe coincidencia que a partir de los llamados que realizó el Gobierno a las políticas de ‘nueva normalidad’, la curva de contagios en nuestro país se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial, fue catastrófico”.

Además, se denuncian hechos que constituirían delitos de corrupción en tiempos de pandemia y se entregan antecedentes sobre la falta de transparencia en la entrega de información sobre personas contagiadas y fallecidas, “como también las medidas de una falsa cuarentena que permite a los empresarios contar con miles de trabajadores asistiendo a faenas o en la venta de productos que no son esenciales”.

En la querella, presentada por el abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, José Peréz, presidente de la ANEF y Lina Córdova Mangili, presidenta de FEDEPRUS R.M., concluyen y sostienen que el Gobierno, a través de la actuación de los querellados, no ha dado cumplimiento a los principios sobre la transparencia, y el derecho de acceso a la información pública que rige las bases generales de la Administración del Estado, y su actuar, no acata lo prescrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni se ajusta a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la obligación estatal de asegurar el derecho de acceso a la información pública, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19.

En la querella, interpuesta por los ilícitos de cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa o retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257), se solicita, entre las primeras diligencias, se tome declaración al Presidente de la República y al ex ministro de Salud.