El diputado Marcelo Díaz (UNIR), informó que la Contraloría General de la República auditará al Servicio de Salud de Valparaíso, por la contratación de residencias sanitarias, en especial de los convenios celebrados con los hoteles Puerto Mayor, Enjoy e Ibis.

Desde el ente fiscalizador señalaron al parlamentario ayer lunes que “se abordará los hechos denunciados y que una vez finalizada la indagación, ésta será comunicada oportunamente y publicada en el portal web institucional”.

Estas acciones fueron emprendidas por el legislador luego de darse a conocer por un diario electrónico que el pasado 28 de mayo el Servicio de Salud de Valparaíso —dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales— emitió una orden de compra vía trato directo por $187.590.950 (IVA incluido) para contratar al hotel Puerto Mayor de San Antonio, con el propósito de recibir a enfermos y contagiados por la COVID-19.

De acuerdo a lo planteado por ese medio, el negocio es controlado por la sociedad Inversiones, Turismo, Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Limitada, perteneciente a la familia del actual subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia Infante.

“Posteriormente se conocieron casos en el hotel Enjoy de Viña del Mar y el Ibis de Valparaíso, donde incluso pacientes hospedados ahí denunciaron abandono y problemas sanitarios”, expresó Díaz.

El parlamentario agregó que “frente a esta situación solicité al intendente Jorge Martínez información sobre el destino que tuvo el anuncio que se hizo en abril, sobre la habilitación de centros estadía de larga duración para adultos mayores en la región, un convenio entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y el Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), el que nos proveía de instalaciones gratuitas, sin costo, para habilitar residencias sanitarias; sin embargo, ninguna de ellas se concretó. Por el contrario, sí hubo contratación de hoteles como el O’Higgins, el IBIS”.

“También solicité a la misma autoridad un informe respecto de por qué no se han implementado los ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), que son instituciones gratuitas, desde el punto de vista del costo del arriendo del inmueble. Por lo tanto, le solicité a la Contraloría que verifique que se estén cumpliendo todas las normativas relacionadas a las contrataciones públicas”, senenció el diputado.