El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra los funcionarios de Carabineros que no detuvieron a miembros de una caravana del rechazo, el sábado pasado en el centro de Santiago.

La resolución judicial, que lleva la firma del juez Antonio Cubillos, da por cumplidos los requisitos procesales y remite la querella al Ministerio Público para que inicie la investigación y se pronuncie sobre la pertinencia de las diligencias investigativas solicitadas por el abogado Rendón.

Entre ellas está el requerimiento a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que entregue las grabaciones que posea para establecer el trayecto de la caravana y el rol de carabineros durante su recorrido.

Rendón indicó que existe material que acredita que funcionarios policiales esperaron a la caravana mientras se organizaba frente, precisamente, a la Iglesia de Carabineros en el parque San Borja y que luego la escoltaron.

Con ello se acreditará que el teniente coronel César Tapia, quien hizo las declaraciones a la prensa con posterioridad, no dijo la verdad respecto de este hecho y que por ello podría tener también responsabilidad penal.

Rendón aseguró que “la conducta de Carabineros es sumamente grave, pues demuestra, una vez más, que es una institución totalmente parcial en términos políticos y que no da garantías al país”.

“Carabineros es formado en el culto a la dictadura y se alinea instintivamente con todo lo que huela a pinochetismo, dejando de lado todos sus deberes profesionales. Ya los hemos visto con anterioridad incluso escoltando a grupos armados del rechazo. Ello, mientras también olvidando todos sus deberes profesionales, ha violado sistemáticamente los derechos humanos en la represión de otro sector de chilenos”, agregó.

El abogado sentenció que “esta policía, en el contexto del próximo plebiscito donde Chile decidirá su destino constitucional, es un peligro para la paz. El Gobierno sin duda es el responsable último, pues ha demostrado ser incapaz de disciplinar a la policía para que juegue un rol profesional. Esperamos que estas acciones judiciales sirvan para que los tribunales, en ausencia del Gobierno, disciplinen a la policía que comete delitos”.