La Defensoría de la Niñez, con el fin de velar por el resguardo de derechos de los y las estudiantes de las tres escuelas incendiadas en la región del Biobío, ofició esta semana a los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Familia y del Interior y Seguridad Pública, solicitando información y la adopción de medidas urgentes y precisas para asegurar la continuidad de los estudios de los niños, niñas y adolescentes que han sido afectados.

En el lapso de ocho días, tres escuelas de la provincia de Arauco sufrieron graves hechos de violencia, consistentes en incendios que destruyeron la totalidad de dichos establecimientos educacionales durante el mes de julio.

Los establecimientos afectados por estos violentos e inaceptables hechos son el Internado G-855 “Pedro Etchepare Borda”, del sector Lanalhue, de la comuna de Cañete; la Escuela Municipal G-434 y la Escuela F-82 “Ana Molina de Tranaquepe”, estas dos últimas de la comuna de Tirúa.

Al conocer lo ocurrido, y al tratarse de infraestructura necesaria y crítica para los niños, niñas y adolescentes de dichas zonas, la Defensoría de la Niñez requirió a diferentes instituciones, responsables de la seguridad pública, la prevención de vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes y de la educación de ellas y ellos, la adopción de una serie de medidas que aseguren la continuidad de la educación de los y las estudiantes, así como la debida protección de otros establecimientos educacionales para hechos violentos como los que afectaron a estas escuelas, no se vuelvan a producir, además de la adopción de otras acciones que no afecten otros ámbitos del desarrollo vital de los niños, niñas y adolescentes afectados.

En esa línea, se ofició al Ministerio de Educación solicitando información respecto de la cantidad de niños, niñas y adolescentes afectados por la pérdida de la infraestructura de sus establecimientos educacionales; las medidas adoptadas, o en proceso de adopción, para asegurar la existencia de recintos temporales, debidamente acondicionados y el tiempo estimado para hacerlo; la forma en que se está realizando y se realizará la entrega de las raciones de alimentos que debe entregar la JUNAEB; la forma y oportunidad en que se han estado entregando, y se entregarán, los apoyos necesarios para la continuidad de estudios de los niños, niñas y adolescentes afectados, considerando la entrega de las guías de estudio o cualquier otro material que se requiera; entre otras.

Por su parte, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se ofició para conocer qué acciones directas ha realizado, de manera directa o a través de la Subsecretaría de la Niñez, con cada uno de los niños, niñas y adolescentes afectados por la quema violenta de sus establecimientos educacionales, y qué procesos de coordinación del intersector ha realizado dicha repartición, respecto de ellas y ellos y sus familias, asociado al apoyo en sus procesos educativos, en la entrega de alimentos o cualquier otro tipo de apoyo en relación a los sucesos.

Por último, la Defensoría de la Niñez también requirió información y acciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ya que es su responsabilidad la prevención de este tipo de hechos violentos, particularmente llamativos considerando la situación de estado de excepción constitucional que rige en el país.

En ese sentido, se solicitó a dicha cartera información precisa sobre las acciones que se han ejecutado para prevenir hechos delictuales violentos, como son los incendios a escuelas, de manera de velar porque esta infraestructura crítica de la Región del Biobío y de la Araucanía, no sean afectados.

Además se pide informar acerca de si se han dado instrucciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa para que se dé prioridad en la asignación de recursos para la implementación de infraestructura temporal para dichos establecimientos y, además, asignación de recursos para la reconstrucción de infraestructura definitiva de las escuelas siniestradas en razón de estos graves y violentos hechos.