“Las perspectivas son bastante complejas”, señaló el vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, al finalizar la sesión plenaria del Consejo de este jueves.

Explicó que “en esta primera etapa se van a fijar los aranceles para las carreras de las áreas de Servicios Personales, Pedagogía y Derecho. Después vendrán otras otros grupos de carreras. La forma como se está procediendo, que está en la ley, es en base a costos directos y algunos costos indirectos. Para las universidades que no somos solo docentes, como son las universidades del CRUCH, que tienen actividades de investigación, innovación, extensión y vinculación con los medios, lo único que resuelve, en teoría, es el tema de la docencia. ¿Quién financia las otras funciones?”.

El Consejo de Rectores planteó que la Subsecretaría de Educación Superior ha establecido un modelo que no tiene una adecuada justificación ni se ajusta al Sistema de Educación Superior chileno.

La Subsecretaría ha considerado únicamente una mirada de costos históricos, que no se ajusta a los nuevos desafíos que exige el sistema, los que demandarán mayores estructuras de costos que los de años previos, como los recursos necesarios para la innovación y calidad propios de proyectos educativos orientados a la mejora continua y a la excelencia.

Además, “al no considerar el dinamismo de los costos, el modelo carecerá de capacidad de predecir de buena manera las necesidades de financiamiento del próximo quinquenio. En lo propuesto por el Ministerio, no se observa un mecanismo que permita proyectar la trayectoria evolutiva de los costos formativos en una perspectiva plurianual”.

Adicionalmente, “la metodología implementada por la Subsecretaría de Educación Superior no parece adecuarse a la heterogeneidad del sistema universitario chileno, el que se caracteriza por la diversidad institucional en donde la misma carrera puede ser impartida por universidades selectivas y de alta complejidad y en universidades meramente docentes”.

“En este contexto de gran heterogeneidad, donde la misma carrera se asocia con diferencias sustantivas en la calidad y naturaleza de la formación, agrupar los costos de docencia en una misma muestra estadística no refleja estas diferencias. La incorporación de factores de calidad o bien, asociados a la complejidad de la universidad no necesariamente captura diferencias, las que no son fácilmente escalables con un ponderador”.

Proceso de fijación de aranceles

De acuerdo a lo establecido en la Ley 21.091, en la siguiente etapa del proceso de fijación de aranceles, la Subsecretaría de Educación Superior debe presentar a la Comisión de Expertos un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles, los derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación, así como también las memorias de cálculo que correspondan, el 31 de julio de 2020.

Posteriormente, se abre un plazo de un mes para que las instituciones de educación superior envíen sus apreciaciones a la Comisión. Luego, la Comisión debe pronunciarse sobre el informe de la Subsecretaría en el plazo de tres meses desde su recepción, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas, y debiendo “tener a la vista” las apreciaciones de las instituciones de educación superior.

Finalmente, la Subsecretaría, dentro del plazo de tres meses, desde la recepción de dichas observaciones de la Comisión de Expertos, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo dictar la o las resoluciones exentas correspondientes. La Subsecretaría de Educación Superior actualizará en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones vigentes, de conformidad al reajuste que señale la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año respectivo.

Considerando las etapas previas del proceso de regulación de aranceles, el Consejo de Rectores consideró como “preocupante” la baja participación que han tenido las instituciones.

La primera propuesta de bases técnicas realizada por la Subsecretaría debía considerar un proceso de consulta a las instituciones adscritas a la gratuidad y a sus federaciones de estudiantes, la que se materializó en una serie de preguntas que no incorporaban la propuesta de bases técnicas, por lo que las universidades no conocieron este modelo previo a su implementación.

Adicionalmente, en la primera solicitud de información, con la cual se fijó y se probó el modelo establecido en las bases técnicas, un porcentaje importante de instituciones no participó, afectando directamente la recolección, el procesamiento y las conclusiones obtenidas.

Además, los rectores sostienen que el esquema de implementación de los nuevos aranceles debería considerar una gradualidad temporal, es decir, se debiera dar un plazo, dos o tres años, para que las universidades puedan generar las adecuaciones necesarias que les permitan converger a los nuevos valores regulados para sus carreras.

El Consejo de Rectores planteó que este modelo puede “contribuir de manera irremediable a la desigualdad y que un número importante de instituciones puede quedar en una situación de fragilidad y vulnerabilidad”.

“El país no ha estado nunca disponible para fijar fondos para la investigación que no sean concursables, que sean basales. Y requerimos a esos investigadores para que puedan hacer buenas clases. Si eso no se entiende así y se entiende que la docencia es solo el profesor parado en la sala entregando contenido, entonces este país está condenando todo lo bueno que hacen las universidades en términos de investigación, de ciencia, de tecnología, de innovación. A menos que a futuro después de mucho golpear las puertas podamos recibir recursos”, afirmó Zolezzi.