Una querella criminal contra quienes resulten responsables presentó un grupo de concejalas de Ñuñoa ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, con el fin que se investiguen eventuales delitos de fraude al Fisco por contratos de mantención de áreas verdes suscritos por el municipio, que actualmente lidera el alcalde Andrés Zarhi, acción legal que fue acogida a tramitación por el tribunal.

Así lo informó la concejala y presidenta de la bancada de concejales del PPD, Patricia Hidalgo, quien señaló que la querella busca determinar la existencia y responsables de este eventual delito, en calidad de autores, cómplices o encubridores. “Esta es una situación grave y debe investigarse a fondo, y yo espero que el municipio colabore activamente en las diligencias que ordene el tribunal”, señaló.

Sobre lo mismo, Hidalgo indicó que “esto parte tras la denuncia que hizo un parlamentario en la Contraloría, la que determinó irregularidades y el inicio de un juicio de cuentas por tres contratos de mantención de áreas verdes en la comuna de Ñuñoa, que corresponden a las empresas Servicios Metropolitanos SpA., Chile Prados SpA. y SOLOVERDE S.A.”.

“En el examen que hizo el órgano contralor se detectaron graves incumplimientos en las bases contractuales, el cobro de factoring de servicios ya pagados a las empresas y la devolución de multas cursadas a las mismas firmas, todo esto en detrimento de los recursos que le pertenecen a todos los ñuñoínos, y eso penalmente significa un eventual fraude al Fisco, lo cual es necesario que el tribunal aclare”, argumentó la concejala.

En este sentido, dijo que “nuestro afán es que se esclarezca a la brevedad posible, por el bien del municipio, la comunidad y sobre todo los trabajadores. Esto no es una caza de brujas contra ningún funcionario, pero ante delitos tan graves es deber de las autoridades municipales, en este caso de los concejales, presentar los recursos ante la justicia, como corresponde. De ahí a que el tribunal haya acogido la querella, pues como concejalas tenemos legitimidad activa para hacerlo”.

En el escrito, presentado además por las concejalas Paula Mendoza y Emilia Ríos, se solicita al 8vo Juzgado de Garantía que se oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se haga parte de este libelo; decretar orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, para que realice todas las diligencias necesarias tendientes a determinar los delitos y el perjuicio fiscal; y citar en calidad de testigos a los funcionarios de la Contraloría General de la República que participaron en la investigación que determinó estas irregularidades.