La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado, el proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, con indicaciones presentadas por el diputado PS Leonardo Soto, que apuntan a prohibir la entrega de estos recursos a empresas con domicilio o filiales en paraísos fiscales y también a las que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada en ilícitos graves contra la libre competencia.

“Hoy día Chile está aprobando un paquete multimillonario para ir en ayuda de la gente y sobre todo de las empresas y cuando se está tratando de impulsar la reactivación económica de esa manera, tienen que existir ciertos criterios. El Fondo COVID no puede llegar a cualquier empresa, sino a quienes de verdad lo necesitan. Menos debe terminar en empresas que tienen inversión en paraísos fiscales o han sido condenadas por colusión”, afirmó el diputado PS Leonardo Soto, previo a la votación.

El fondo que se crea hasta el 30 de junio de 2022, busca financiar un programa fiscal por un máximo de $9.720 billones de pesos -US$12 mil millones de dólares- para solventar los efectos económicos y sociales de la pandemia del SARS-CoV-2. Sobre el punto, el parlamentario ejemplificó que “se trata de un monto equivalente a 120 kilómetros de metro subterráneo, o a 40 hospitales nuevos y nos parece que hay que hacer un debate para saber a qué bolsillos y empresas van a llegar estos recursos”.

“Tenemos que fomentar prácticas empresariales justas. Nosotros estamos por un fondo de reactivación, pero justo y estos son mínimos que Chile tiene que establecer”, aseguró el parlamentario detallando que también se aprobó que “las empresas que reciban plata no podrán distribuir millonarias utilidades a sus dueños y tendrán que reducir a la mitad los sueldos de los directivos”.