Este sábado, un ciudadano peruano de 20 años fue expulsado del país por amenazar de muerte al Presidente Sebastián Piñera.

El sujeto no poseía antecedentes penales previos, pero tenía su visa de turista vencida desde febrero pasado.

El joven envió un correo electrónico el 25 de marzo de este año con destino a la Presidencia, en donde emitió amenazas contra el mandatario, aludiendo a hechos registrados durante el estallido social de octubre de 2019.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “esto altera gravemente el orden público y afecta la convivencia social. Nuestra política en materia de extranjería es que aquellos que cumplan con nuestra legislación migratoria, son bienvenidos a Chile, pueden vivir acá mientras cumplan nuestras normas sociales”.

No obstante, agregó que “aquellas que se encuentren en irregularidad por haber vencido su visado de turismo, habiéndose decretado la orden de abandono y además incumpliendo gravemente las normas, amenazando a sus autoridades, lo que corresponde es que hagamos efectiva las sanciones del ordenamiento jurídico, como es la expulsión administrativa”.

El subsecretario detalló que “lamentablemente, tenemos más de 30 amenazas a distintas autoridades, incluyendo autoridades que son del Congreso Nacional, incluso de organismos autónomos del Estado”.

“Fueron conocidas las amenazas en contra de un diputado, tres personas fueron detenidas como consecuencia de esas amenazas, algunas de ellas quedaron en prisión preventiva, y también hemos conocido amenazas en contra de miembros del Poder Judicial”, añadió.

“¿Cuál es la gravedad de esto? La gravedad de esto es que si es que las amenazas pretenden debilitar nuestra democracias, es decir que nuestras autoridades no puedan tomar decisiones de manera libre y democrática, sino que lo hagan extorsionadas por amenazas de ciudadanos”, argumentó Galli.

En la misma línea, la autoridad de Interior sentenció que “nuestra democracia se debilita si es que nosotros permitimos y no damos señales claras en cuanto a que esta amenaza no es aceptable, es condenable y, en el caso que esa amenaza sea proferida por un ciudadano extranjero, que está en condiciones irregulares en Chile, lo que corresponde es que esa persona sea expulsada”.