Luego de que se conociera que el Gobierno se ha demorado 9 meses en reingresar a Contraloría el reglamento de la Ley de Libertad Condicional, el diputado socialista, Leonardo Soto, emplazó al ministro de Justicia, Hernán Larraín a entregar una fecha exacta para presentar dicha ordenanza.

“Se trata de un deber incumplido y sobre una materia que es de especial interés y preocupación de la ciudadanía, la que se ve expuesta a la falencias del sistema de libertad condicional aún vigente por la ausencia del reglamento, con consecuencias que como ha quedado de manifiesto en los últimos días pueden ser trágicas, solicito que se reinicie a la brevedad el proceso de toma de razón, señalando la fecha en que el reglamento será reingresado a la Contraloría General de la República”, sostuvo el parlamentario mediante un oficio al Ministerio de Justicia.

“Ha transcurrido casi un año y medio desde publicada la Ley N° 21.124, que Modifica el Decreto Ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, y “el país no cuenta con un reglamento que permita aplicarla a plenitud, manteniéndose en los aspectos señalados el antiguo sistema de libertad condicional, situación que es de plena responsabilidad de este Ministerio”.

A juicio de parlamentario, “a la fecha no se han puesto en marcha aspectos críticos del nuevo sistema, entre ellos la creación de los delegados de Libertad Condicional de Gendarmería de Chile para supervisar a los condenados que accedan al beneficio, elaborando un plan de intervención individual orientado a la reinserción de los penados, cuyo incumplimiento derivaría en la revocación de la libertad condicional”.

Por ello, y según acordó la Comisión de Constitución, el ministro Hernán Larraín será citado para “informar las razones por las cuales el Ministerio no ha dictado el referido reglamento, indicando expresamente las causas por las que fue retirada una primera versión del proceso de toma de razón, las causas que explican el que todavía no haya sido reingresado”, y al mismo tiempo, Soto pidió establecer “las responsabilidades legales o administrativas involucradas en la dilatación de la dictación del reglamento, particularmente al no haberse observado el plazo para aquello establecido en la Ley”.