Luego de la primera sesión que revisa la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, el diputado Andrés Longton señaló que “tenemos elementos de sobra para poder convencer a los diputados y diputadas, y en ese sentido lo que nosotros queremos determinar es que acá la jueza se apartó del sentido de la ley, dejó de aplicarla”.

“Podemos cambiar muchas veces la ley, pero si tenemos una jueza que la aplica en base a sus convicciones personales, no hay norma que resista”, agregó el parlamentario durante su exposición en la comisión de la Cámara de Diputados que está encargada de este caso.

Sobre la liberación masiva de reos en base a libertad condicional registrada en 2016, Longton enfatizó que “al obviar 528 informes, lo que lo hace reiterado, en los cuales el contenido de algunos de ellos es francamente brutal desde el punto de vista de que hablaban de que los postulantes representaban un riesgo evidente para la sociedad por altos rasgos de psicopatía. Incluso, en el caso de Hugo Bustamante, estamos hablando de un paciente psiquiátrico, su informe hablaba de una alta posibilidad de reincidencia”.

“La jueza omitió estos informes deliberadamente teniendo que haberlos considerado habiendo hecho un razonamiento, porque la ley habla de rehabilitación, de reinserción. Entonces si tú no aplicas la ley, no hay cambio que valga”, argumentó el parlamentario RN.

“Pongo el ejemplo respecto de cualquier asesino que ustedes se puedan imaginar en el mundo, los más conocidos incluso, asesinos seriales de la brutalidad de Hugo Bustamante, bastaría que cumplieran la mitad de la pena o dos tercios, hayan participado de un taller u oficio y haya tenido buena conducta el semestre anterior, y la jueza Silvana Donoso los hubiese liberado, así de simple. Esto ocurrió no solo en 2016, sino que lo sigue haciendo, incluso con los cambios legales que hubo a la norma”, aseveró el diputado.

La comisión contó con las exposiciones del diputado Andrés Longton, impulsor del libelo; el abogado patrocinante de la parte acusatoria, Leonardo Contreras; la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, María Soledad Piñeiro; el abogado y académico en Derecho Constitucional de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, Alan Bronfman; y el abogado experto en Derecho Constitucional, Francisco Zúñiga.

Cabe recordar que dicha acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se realizó por su supuesta responsabilidad en la libertad condicional de Hugo Bustamante, único imputado por la violación y femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo.