Los diputados RN Camilo Morán, Hugo Rey, Andrés Longton, junto al abogado Carlos Cruz Coke, elaboraron un proyecto que crea el Tribunal de Cumplimiento de Penalidades, liderado por los Jueces de Garantía, que va a permitir revisar en mayor profundidad los beneficios carcelarios que se le otorgan a los internos.

Esta iniciativa, para llevarse a cabo, necesita del apoyo del Ejecutivo, por lo mismo, los parlamentarios iniciarán conversaciones con el Ministerio de Justicia y presentarán un proyecto de resolución al Congreso.

El sentido de la medida está en considerar y escuchar la opinión de las víctimas, o de los familiares de las víctimas, por parte de los jueces al momento de tomar la decisión, evitando que queden expuestas a nuevos delitos o que se enteren por sorpresa de la libertad otorgada al reo.

El proyecto en sí entonces, propone incorporar a los Jueces de Garantía la facultad de componer el nuevo Tribunal de Cumplimiento de Penalidades, constituyéndose como tribunal unipersonal de revisión de medidas cautelares, con el objetivo de escuchar a las víctimas o sus familiares de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, crimen organizado y lavado de dinero, además de los delitos violentos de parricidio, homicidio simple y calificado, infanticidio, secuestro, robo calificado y feticidio, previo al otorgamiento de beneficios a personas condenadas. El objetivo es escuchar sus descargos frente al beneficio carcelario posiblemente otorgado al condenado.

“Al otorgar beneficios carcelarios, no se escucha a las víctimas, son procedimientos sumamente burocráticos. Acá tenemos una oportunidad de terminar con este vacío legal. Es un procedimiento breve que de seguro nos va a ayudar a prevenir nuevos delitos. Las víctimas o familiares no se pueden enterar por la prensa de que el victimario está libre”, dijo el diputado Morán.

“No podemos volver a llegar tarde. Tenemos que hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos, por diferentes caminos, para que esto no ocurra más. Crear esto, para que le dé la voz a las víctimas y sus familiares, termina con la ejecución de actos deliberados que pongan en libertad a psicópatas, es un paso”, señaló Andrés Longton.

Mientras tanto, el diputado Hugo Rey, expresó que “no podemos olvidar la historia de Ámbar, ni la de Catalina, ni la de cientos de mujeres. Por eso la opinión de las víctimas, familiares, es clave para determinar si la persona que busca recuperar su libertad está en condiciones de salir a la calle sin convertirse en un peligro para la sociedad”.

La iniciativa que está lista en su contenido, necesita eso sí del patrocinio del ejecutivo para llevarla a cabo. Por lo mismo, los parlamentarios conversarán con el ministerio de justicia para el apoyo, y también durante la próxima semana presentarán un proyecto de resolución al Congreso.