El Pleno de la Corte Suprema emitió este miércoles una declaración sobre la acusación constitucional que se tramita en la Cámara de Diputados en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

Al respecto dice que “presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra, pero en lo que realmente le compete”.

Asimismo agrega que “en el escenario descrito, la Corte Suprema de Justicia cumple, una vez más, con el deber de exigir el respeto debido a la autonomía e independencia de los jueces del país, con motivo de la acusación constitucional que se ha presentado en contra de la ministra señora Silvana Donoso Ocampo, que tiene su origen en la resolución adoptada en una sesión de la Comisión de Libertad Condicional que le correspondió presidir, y que se encontraba integrada, además, por cuatro jueces”.

“Con fecha 10 de agosto de 2018, esta Corte hizo oír su voz – en defensa del Estado de Derecho- frente a acusaciones constitucionales contra tres ministros del máximo tribunal, acusados de notable abandono de deberes, misma imputación que ahora se formula en contra de la ministra Sra. Donoso”, sostiene.

En el siguiente punto, afirma que “el cuestionamiento de las argumentaciones que sustentan la decisión de un juez implica la revisión de la misma por un órgano extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación a la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.

“No está de más recordar que, de acuerdo a la Carta Fundamental, ninguna autoridad puede “en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Esta disposición proclama la autonomía de los magistrados, indispensable no sólo para su cabal desempeño, sino para garantizar a los ciudadanos la imparcialidad de los jueces encargados de conocer y resolver sus asuntos, poniéndolos a cubierto de intromisiones de otros poderes”, agrega.

Finalmente dice que “en este caso –y tal como ocurrió con las anteriores tres acusaciones, todas rechazadas- no es el cargo de la señora ministra el que está en riesgo, sino la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Constitución Política”.