El senador Alejandro Navarro (PRO) cuestionó el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en lo que calificó como una estrategia para desacreditar el proceso de elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

Navarro recordó que “esta misión fue aprobada por la Resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019, votada por el Consejo de DD. HH de Naciones Unidas por 19 países de un total de 193 que están en la ONU”. Es decir, menos del 10% de la ONU.

El senador explicó que “la resolución que dio pie a esta comisión colisiona con los instrumentos de colaboración que Venezuela sí ha ratificado con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, la cual tiene un despacho en el país y ha presentado dos informes a la fecha que tienen claras diferencias con el que ha sido publicado ahora”.

“Es desconocido en Chile que Venezuela se encuentra trabajando coordinadamente con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en el mes de septiembre de 2019, de conformidad con lo establecido en la Resolución A/HRC/42/4, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones número 42”, indicó el senador progresista.

Asimismo, el parlamentario del PRO manifestó que “el Informe de DDHH sobre Venezuela que se ha difundido en Chile y el mundo es un informe espurio, un engaño, un informe hecho al margen de los procedimientos institucionales y legales de la ONU. La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, no conoce aún este informe que debe discutirse entre el 24 de Septiembre y el 2 de Octubre. No debía ser público sin antes ser debatido. Es un procedimiento total y completamente irregular que causa más daño a la ONU que a Venezuela”.

“Los contratistas no visitaron Venezuela, usaron Twitter e Instagram como fuente, no conversaron con las autoridades venezolanas. No se conoce el protocolo del procedimiento de investigación. No hay garantías de idoneidad. Es un informe elaborado secretamente, a distancia y presentado como definitivo y oficial cuando aún la ONU no lo conoce. Se da por hecho que es un informe de las Naciones Unidas cuando es un informe preliminar elaborado por personas que no son funcionarios de la ONU y es una presentación que tiene que aún ser aprobada por el Consejo de las Naciones Unidas y conocido posteriormente con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet”, dijo el senador por el Biobío.

“Todo esto lo tenían preparado, fue una orquestada operación internacional, una campaña de carácter mundial muy similar a lo que fue la acción en contra de Irak y la acusación de tenencia de armas de destrucción masiva”, planteó Navarro.

El senador expuso que “aquí se persigue llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional generando el contexto para que Brasil con Bolsonaro o Colombia con Duque puedan hacer la presentación a la Corte. Es ese el objetivo de la visita de Mike Pompeo, Secretario de Estado de los EE.UU, en estos días a Brasil y Colombia, para obtener que puedan hacer dicha presentación”.

“Es injusto lo que se está haciendo con Venezuela y sería una deslealtad con la verdad y la justicia no denunciar esta operación”, dijo Navarro.

Del mismo modo, el senador planteó que “el informe surge justo antes de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela el 6 de diciembre. Con el informe, la Unión Europea (UE) reitera su decisión previa de no acudir a las elecciones en Venezuela por “falta de tiempo” para organizar su misión. La UE había respondido no poder organizar una misión a tres meses del 6 de diciembre de este año, y ahora sus representantes diplomáticos declaran que las condiciones en materia de derechos humanos en el país inhabilitan tal posibilidad”.

“La posición de la UE va en clara articulación con lo dicho por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien inmediatamente luego de publicado el informe, lo alineó contra las elecciones venezolanas declarando que, por tales supuestas condiciones en materia de derechos humanos, no deberían organizarse las elecciones y ellas no deberían ser reconocidas”, declaró Navarro.

Navarro añadió que esto responde al lineamiento del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quien ha planteado explícitamente que quiere evitar las elecciones parlamentarias de diciembre. “Es más, este informe perfectamente podría llamarse Informe Abrams”, señaló.

Por ello, el senador Navarro anunció que la comisión de derechos humanos del Senado comenzará a recibir denuncias de los venezolanos que están en Chile que hayan sufrido violación de derechos humanos. Mismo ofrecimiento que hizo a los venezolanos residentes en Chile el año 2019, sin recibir respuesta.

“Pediremos a la Alta Comisionada que realice una investigación y evalúe el procedimiento con que se ha realizado este informe, cuya publicación fue antes de que ella y el Consejo de Derechos Humanos lo conocieran”, señaló.

“Vamos a solicitar una misión de la ONU para la evaluación de los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile a partir del 18 octubre. Presentaremos todos los antecedentes acumulados contra Piñera por delitos de lesa humanidad, incluidas las 2.499 querellas contra policías y militares, exigiendo una visita in loco, es decir, examinar la situación a pesar de que ya existen cinco informes de derechos humanos condenando al gobierno a Piñera y a las instituciones como Carabineros”, señaló.

“Es preocupante que, a casi un año del estallido social, y más de 2.499 querellas presentadas por el INDH, solo tengamos 68 personas imputadas. Los nulos avances en materia de Derechos Humanos obligan al sistema internacional de Derechos Humanos a evaluar la situación de Chile” indicó.

“A esto se acompaña una situación en que cuando la Contraloría General de la República formula cargos al alto mando de Carabineros, el gobierno expresa todo su apoyo a los acusados, sin conocer todavía el resultado del sumario” añadió el senador del Partido Progresista.

Navarro señaló que “en Venezuela, el Ministerio Público desde agosto de 2017 ha imputado a 31 civiles y 565 funcionarios de la seguridad del estado que han sido señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Estos datos fueron entregados a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por parte del Fiscal General de la República”.

“No puede ser que políticos como Felipe Kast rasguen vestiduras para condenar un informe espurio a Venezuela y que a la vez, guarden un silencio cómplice por los delitos y crímenes cometidos por las instituciones en Chile como Carabineros y el Ejército con el pleno conocimiento y decisión de Sebastián Piñera”, concluyó.