El senador Guido Girardi lamentó que el Gobierno de Sebastián Piñera optara por no aprobar el Acuerdo de Escazú –“que el propio país impulsó y promovió”- y lo acusó de hacer “publicidad engañosa porque el discurso del Presidente no tiene correlato con lo que se hace en materia ambiental”.

Agregó que “todos los proyectos que han enviado al Congreso están enfocados a desregular la escasa regulación ambiental que tenemos: los de Impacto y Delito Ambiental presentados son una vergüenza criticada por todas las universidades. No han respaldado ninguna de las iniciativas presentadas para fortalecer las normas ambientales”.

Girardi criticó la “mentirosa política populista que le dice al mundo que Chile tiene compromiso ambiental y que en la ONU critique a los negacionistas climáticos y la existencia de zonas de sacrificio cuando en realidad las está legitimando. El rechazo a Escazú es prueba fehaciente que optan por las empresas contaminantes por sobre la vida de las comunidades”.

El parlamentario dijo que “los argumentos del canciller (Andrés) Allamand cuestionan que Escazú hable de ‘un ambiente sano’ pues eso obliga a las empresas a entregar toda la información a las comunidades y estas puedan participar en la decisión sobre los proyectos”.

Afirmó que “el Gobierno busca legalizar procesos contaminantes y permitir que Chile se llene de zonas de sacrificio como Puchuncaví, Ventanas, Paipote, etc., mientras se visten de ropaje ecologista cuando en realidad tienen las peores políticas ambientales de Latinoamérica”.

Por ello anunció que “la próxima semana con distintos senadores y senadoras presentaremos un proyecto de ley que incorporará cada uno de los temas que el Gobierno cuestiona y les aseguró que los vamos a aprobar tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en el Congreso. Es falso que ya estén incorporados, como dice el canciller Allamand y, sí fuera así, entonces me imagino que no tendrá problemas en respaldarlos”.

Finalizó invitando al Gobierno a que “aprobemos en una ley chilena que incorpore cada uno de los aspectos que tienen que ver con un medio ambiente sano, con el derecho de la ciudadanía a la información y participación, a que su voz tenga valor en los momentos que se decidan los megaproyectos, sobre todo los contaminantes”.