El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Minería, criticó duramente al Presidente Sebastián Piñera y dijo que “estamos viviendo una dictadura en materia medio ambiental, porque el Gobierno no respeta las decisiones que democráticamente se alcanzan en el Congreso”.

El senador hizo tal afirmación a raíz de la negativa de La Moneda a firmar el Acuerdo de Escazú y tras conocerse que el Ejecutivo presentará un veto a las pertinencias en el Proyecto de Ley de Pro Inversión ya aprobado por el Congreso.

A juicio del parlamentario, ambas decisiones sólo buscan “favorecer a las empresas contaminantes” pues las exigencias en esta materia son bastantes menores y tampoco pueden ser revisadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Por esta razón Girardi dijo que “el Gobierno puso fin a la tregua ambiental” y anunció que la próxima semana el senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Constitución, “pondrá en tabla el Proyecto de Delito Ambiental” y dijo que los tres senadores de oposición de la Comisión de Minería (Girardi, Álvaro Elizalde, Yasna Provoste) enviaron una nota al presidente de la entidad (Rafael Prohens) pidiendo “votar tal como está, sin acuerdo alguno, el Proyecto de Protección de Glaciares, que han hecho un lobby gigantesco para detenerlo y favorecer a las mineras”.

El senador Girardi lamentó que “el Presidente Piñera va a Naciones Unidas y falta a la verdad en materia de derechos humanos y, además, señala que Chile es un país líder en medio ambiente y al mismo tiempo se niega a firmar el Acuerdo de Escazú. Lo que, por la vía de los hechos, significa permisividad para las empresas contaminantes y la existencia de zonas de sacrificio”.

Girardi afirmó que “el Acuerdo de Escazú -que pudo llamarse el Acuerdo de Santiago, porque Chile y Costa Rica lo impulsaron- obliga a la participación informada de las comunidades en la implementación de cualquier proyecto productivo y establece la acción pública que permite que cualquier ciudadano pueda impetrar una acción ambiental”.

El senador dijo que el rechazo al acuerdo, que pondría fin a zonas de sacrificios, “por la obsecuencia del Gobierno con las malas empresas es vergonzoso y pone a Chile en cuestión en el mundo entero”.

VETO A LAS PERTINENCIAS

Así mismo el senador señaló que “el anuncio de veto a la ley de Pro inversión en materia de pertinencia significa que en Chile vivimos una dictadura ambiental porque el Gobierno no respeta a las comunidades ni al Parlamento”.

Agregó que “este proyecto se discutió largamente en el Congreso, que terminó en una comisión mixta, y como no lo puede ganar democráticamente para favorecer a las empresas a decidido en una acción dictatorial vetar las pertinencias”.

Explicó que “existe un mecanismo en la actual legislación a través del cual las empresas pueden solicitar no hacer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y presentar sólo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tiene exigencias bastante menores. Pero hoy la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) puede anular esos proyectos.

Añadió que “la mayoría de las empresas de Quintero, Puchuncaví y Ventana fueron aprobadas de esa manera. Así como la Fundición Alcones en la Región de O’Higgins, el Campo Dunar Punta de Concón o el Humedal Huasco en la Unión”.

Girardi afirmó que “en el proyecto Pro Inversión establecimos que la aprobación de una DIA por parte del Servicio de Evaluación Impacto Ambiental puede ser revisada por la Superintendencia y anular la decisión si así lo considera pertinente”.

el legislador sostuvo que “el Gobierno quiere que la decisión del Servicio (SEIA) sea vinculante y la Superintendencia no la pueda revisar para permitir que muchas empresas contaminantes hagan una simple declaración y no un riguroso estudio de Impacto Ambiental. Esto significa vulnerar toda la institucionalidad ambiental y se llama dictadura”.

Girardi afirmó que “el Ejecutivo le dio la espalda a la discusión democrática que exigía mayores requisitos para la pertinencia y una regulación más ambientalista que la del reglamento. Esta normativa, tal cual está ahora, ha permitido atrocidades como la elusión de la evaluación de la Planta Alcones en la Región de O’Higgins, una planta de procesamiento de baterías de plomo en la mitad de una quebrada, y la instalación de un proyecto inmobiliario en el Campo Dunar Punta de Concón cuestión que debió ser refrendada por la Corte Suprema”.