El General Director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió al último informe de Amnistía Internacional que se dio a conocer ayer y en el cual se insta al Ministerio Público a investigar a los altos mandos policiales por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el estallido social.

Al respecto, Rozas declaró que suscribía “plenamente el comunicado que la institución emitió ayer”, ahondando en que “nosotros como institución, como Carabineros de Chile tenemos un mandato constitucional que cumplir, tenemos que cumplir las leyes y hacerlas cumplir”.

“Por lo tanto, esto más que una profesión es un trabajo vocacional, donde lo que nos distingue de otros empleos o profesiones, es el amor por Chile, por el servicio público y sobre todo tratar de brindar más y mejor seguridad a nuestros vecinos”, expresó.

Asimismo comentó que “desde hace un tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos”, precisando que “en un Estado de Derecho debemos esperar que las instituciones funcionen y resuelvan”.

“Todo lo que nos ha acontecido como institución desde octubre a la fecha, todas esas situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, somos los primeros en cumplir la ley y en hacer cumplir la ley, por lo tanto, creemos que los únicos encargados de determinar o zanjar situaciones, cuando hay delitos de por medio, son los tribunales de justicia”, estimó Rozas.

COMUNICADO DE CARABINEROS

En el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, Amnistía Internacional criticó la labor de los altos mandos durante la crisis social.

“Expresamos nuestro absoluto compromiso con la verdad y transparencia en todos los procedimientos y, especialmente, con aquellos que están siendo investigados por el Ministerio Público”, respondió la institución uniformada.

Ante la denuncia, Carabineros consideró que en el informe hay “una serie de imprecisiones y omisiones”, ya que considera probadas “algunas denuncias graves en contra de determinados” agentes, a pesar de que sus casos “se encuentran actualmente siendo investigados por el Ministerio Público y deberán ser juzgados por tribunales de justicia”.

En esa línea, la institución rechazó “tajantemente que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los Derechos Humanos” y reafirmó un llamado “a la prudencia y a permitir que los órganos del Estado realicen su labor con pleno respeto a la Constitución y las leyes”.