Este jueves se constituyó la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la acusación constitucional presentada en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.

Integran esta instancia las y los diputados Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL), Joaquín Lavín (UDI), Fernando Meza (IND) y Loreto Carvajal (PPD), esta última, electa presidenta del grupo parlamentario, por unanimidad.

Asimismo, se acordó sesionar de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 horas, sin perjuicio de las jornadas adicionales que se puedan requerir. Se funcionará de forma telemática y presencial y se solicitará autorización para sesionar en la sede del Congreso en Santiago.

Según se informó, se esperará para iniciar el trabajo a que el jefe de gabinete ministerial sea formalmente notificado. Conforme a dichos plazos, se proyecta comenzar el próximo lunes 19 de octubre con la presentación del líbelo por parte de uno los acusadores, el diputado Gabriel Ascencio (DC).

En la ocasión, se recibirá también a especialistas recomendados por la parte acusadora y por el oficialismo y se definirá el listado de invitados con el objetivo de fijar el cronograma de audiencias.

La diputada Carvajal aseguró “que hay total disposición de los integrantes de la comisión” y que se empleará todo el tiempo que sea necesario para avocarse al estudio de este libelo. “Escucharemos no solo a los acusadores, sino también a la defensa y a todos los expertos que nos puedan instruir sobre la materia”, agregó.

El diputado Lavín sostuvo que solicitó a “la presidenta todas las garantías, para que esta sea una comisión con mucho diálogo y con mucha argumentación”.

La acusación contra el ministro Víctor Pérez está compuesta por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley, debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile.

En el momento en que se sortearon los integrantes de la comisión (martes 13) comenzó a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al acusado. Luego, el secretario de Estado tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión, ya sea en forma personal o por escrito.

La instancia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional, pronunciarse sobre ella y ponerla a disposición de la Sala de la Corporación, la que se votaría durante la primera semana de noviembre.

El texto fue suscrito por las y los diputados Camila Rojas, de Comunes; Gabriel Ascencio y Víctor Torres, de la DC; Gabriel Boric, del PCS; Jorge Brito, de RD; Carmen Hertz, del PC; Tomás Hirsch y René Saffirio, independientes; Rodrigo González, del PPD; Pamela Jiles, del PH; Jaime Naranjo y Luis Rocafull, del PS; y Alejandra Sepúlveda, de la FRSV.