El Servicio de impuestos Internos (SII) informó en su momento que un total de 437.703 personas había recibido el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos, de las cuales 37 mil pertenecen al sector público.

Antes de que se iniciara la investigación penal por esta denuncia, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ofició al SII pidiendo el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones.

Según informa La Tercera, las policías, la fiscalía y el Poder Judicial comenzaron a realizar su propio catastro en estas instituciones, luego de que el SII envió la información solicitada.

De esta forma, se determinó que un total de 1.370 funcionarios de Carabineros, activos o en retiro, obtuvieron el beneficio sin cumplir los requisitos.

El Servicio de Impuestos Internos les dio a los policías un plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el dinero. Por su parte, Carabineros le preguntará a cada persona en la lista si reconocen haber recibido el bono.

Quienes acepten deben firmar un acta y retornar el dinero recibido. Además, deben aceptar las responsabilidades legales y administrativas si ocultaron haber cobrado el monto.

En el caso de la PDI, son 48 los funcionarios que habrían cometido esta irregularidad. La policía civil anunció las “más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectada sus remuneraciones”.

Por su parte, 46 serían las personas que cobraron el bono y trabajan en el Ministerio Público, dentro de las cuales no habría fiscales involucrados.

Según informó El Mercurio, en el Poder Judicial serían 230 los funcionarios implicados, descartándose a ministros, jueces o relatores. El Pleno de la Corte Suprema ordenó sumarios a todos los involucrados.