La diputada socialista, Jenny Álvarez, que integró la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo estar “plenamente convencida”, de haber votado favorablemente el libelo acusatorio, quedando aprobado por 4 votos a favor y uno en contra.

La legisladora sostuvo que “luego de haber escuchado tanto la defensa del ministro Pérez, así como también la exposición de un conjunto plural de destacados académicos de derecho constitucional, derecho penal, ministros de Estado y un gran número de invitados, he concluido que corresponde aprobar esta acusación constitucional”.

“En esta comisión revisora”, comentó la diputada Álvarez, “quedó claro que durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, no se suspenden las obligaciones constitucionales y legales del Ministro del Interior, como lo afirmó su defensa. Por el contrario, en estado de excepción constitucional, las obligaciones del Ministro del Interior exigen de éste un mayor estándar, debiendo extremar medidas de respeto a los DD.HH. en la mantención del orden público”.

La parlamentaria PS destacó que “de acuerdo a las diferentes exposiciones de destacados juristas, he concluido que frente al bloqueo de carreteras del país, que produjeron situaciones de desabastecimiento en todo el país, el Ministro del Interior no adoptó las medidas necesarias para restablecer de forma inmediata el orden público, como tampoco adoptó las medidas para perseguir penalmente a los responsables del bloqueo de caminos”.

Además Álvarez subrayó que “durante el debate también se constató que el Ministro del Interior invocó, injustificadamente, el derecho penal de excepción para enfrentar acciones en contra de comunidades mapuches” y calificó este es hecho como “grave”, argumentando que “puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile”.

Finalmente, recalcó que “me he formado la convicción que el Ministro del Interior incurrió en infracción a la Constitución y las leyes, porque Carabineros, en forma reiterada, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada”, concluyendo que “el ministro Víctor Pérez, además omitió sus deberes no adoptando las medidas necesarias para impedir que se incurriera en hechos ilícitos”.