Tras la exposición de la parte acusadora por parte del diputado Gabriel Ascencio, tomó la palabra en la Sala el nuevo abogado defensor del ministro del Interior, Gabriel Zaliasnik, quien comenzó su presentación criticando el que, nuevamente, se pretenda evaluar el mérito de las decisiones políticas recurriendo a una acusación constitucional.

El abogado, que hace algunas semanas también fue parte de la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich, refutó la desprolijidad en la acusación, así como la oportunidad y la falta de fundamentos, asegurando que, una vez más, se juzga a personas por su calidad de tal y no por las conductas o infracciones jurídico constitucionales que hayan ocurrido.

La defensa aseguró que el libelo presenta una evidente “trampa tautológica”, pues, por una parte, se le reprocha al ministro el no utilizar la potestad de la ley de Seguridad Interior del Estado y, por otra, se le critica el haberla usado. “Lo absurdo -y aquí está la falla geológica de la acusación- es que la conclusión de los tres capítulos es que no se dialogue”, agregó.

Para la defensa del ministro, la acusación “desprecia la política, en circunstancias que corresponde a esta Sala realzarla”. El abogado afirmó que, “al calor de la contienda política”, se habría construido un cuarto capítulo de la acusación en torno a la primera defensa presentada por el ministro en la comisión que analizó la pertinencia del libelo.

Frente a eso, señaló que se trata de un “acto de magia que, por la vía de mostrar ciertas cartas, nos esconden otras”. Estimó que se trata de un “acto de ilusionismo político y constitucional”, pues no se estaría atendiendo el fondo del asunto. “Aquí no bastan la mera sospecha, se requiere de pruebas categóricas”, acotó, considerando que eso sería lo que la acusación no posee.

También se señaló que durante este gobierno ha existido una “seguidilla de libelos para anular a los ministros” e impedir así el despliegue del Gobierno. Junto con esto, detalló un cálculo donde señala la cantidad de horas que se han destinado al estudio y votación de las acusaciones (cerca de 180 horas).​