La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, le comunicó a representantes del gobierno de Nicolás Maduro que “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

Ese examen fue abierto en febrero de 2018, cuando Venezuela fue denunciada por los cancilleres de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Canadá, quienes señalaron a Nicolás Maduro como responsable de asesinatos, detenciones de arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el Gobierno de 2014 y 2017.

Bensouda informó que analizaría los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que se registraron en el país. La Fiscalía solicitó entonces información sobre las actuaciones nacionales correspondientes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma.

En el segundo examen, la fiscal reportó a la delegación venezolana sobre el actual estado de la evaluación, que tiene por objeto determinar si existen motivos razonables para creer que la conducta alegada es competencia de la Corte.

En un comunicado, la Corte informó que este miércoles la fiscal se reunió con una delegación enviada por Nicolás Maduro, integrada por el fiscal chavista Tarek William Saab y al Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz.

Según la oficina se hubo un intercambio con “la delegación de la República Bolivariana de Venezuela sobre una serie de aspectos relacionados con el proceso de examen preliminar y sobre el estado de los dos exámenes preliminares separados realizados por la Oficina en relación con Venezuela (“Venezuela I” y “Venezuela II”), iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente”.

Sobre Venezuela I, Bensouda comunicó a la delegación venezolana que la Fiscalía “había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la Oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”.

Con respecto de Venezuela II, la Fiscalía precisó que tiene como objetivo “llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte”. Bensouda reiteró que ambas instancias siguen en fase de examen preliminar con el fin de determinar, una vez concluida la pesquisa, si se debe abrir una investigación.

Finalmente, la Fiscalía espera que continúe la colaboración con el gobierno del país sudamericano y otras partes interesadas en ambos exámenes preliminares.

De abrirse un juicio, sería la primera vez que se resuelva un caso contra un presidente latinoamericano.