En condiciones de pasar a su segundo trámite legislativo al Senado quedaron las partidas de los Ministerios de Justicia y de Defensa, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados diera su aprobación a sus respectivas asignaciones, todo ello en el contexto del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto de la nación para 2021.

En el debate, las y los legisladores, particularmente los DC José Miguel Ortiz, Matías Walker y Joanna Pérez, relevaron la importancia de mantener los recursos del Sename, originalmente reducidos respecto de este año, pero que fueron restituidos en el trámite de la comisión mixta, hecho que fue reconocido por los parlamentarios.

Asimismo, hubo preocupación y se anunció realizar un seguimiento en torno a los recursos para el Servicio Médico Legal (SML) y para el tema carcelario.

En las votaciones, se aprobaron indicaciones para definir que la reposición de cargos vacantes o reemplazos por licencias médicas en Gendarmería, el SML y el Servicio Nacional de Menores deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles, así como para determinar que el programa de intervención para libertad condicional deberá contener una perspectiva de género y de derechos humanos. Sobre ambos puntos se dejó reserva de constitucionalidad.

Adicionalmente, se ratificaros los recursos del programa de DDHH de la cartera y se aprobaron solicitudes de información sobre nuevas contrataciones en el citado programa; respecto del estado de la situación de niños, niñas y adolescentes que estén con enfermedades graves o mentales, tanto del Sename como de las instituciones colaboradoras; y respecto de las denuncias de maltrato al interior de dichos establecimiento.

La partida considera recursos para el año 2021 por un total de un billón 350 mil 709 millones de pesos, suponiendo un decremento de 1,7%.

Comprende financiamiento para la Secretaría y Administración General; Concesiones del Ministerio de Justicia; el Servicio de Registro Civil e Identificación; el Servicio Médico Legal; Gendarmería de Chile; el programa de Rehabilitación y Reinserción Social; la Subsecretaría de Derechos Humanos; el Servicio Nacional de Menores y los programas asociados de sobre administración directa y proyectos nacionales; y la Defensoría Penal Pública.

Entre los focos estratégicos del presupuesto ministerial se pueden mencionar:

-Avanzar en la modernización del ordenamiento legislativo y del sistema de justicia, cambios que incluye presentar en 2021 la propuesta de nuevo Código Penal.

-Fomentar la promoción, protección y difusión de los derechos humanos.

-Potenciar la reinserción social de jóvenes y adultos en conflicto con la ley penal del sistema de justicia.

Defensa

El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional considera para el año 2021 ingresos y gastos por 1 billón 707 mil 608 millones de pesos y de 124 millones de dólares, con una variación negativa de -1,6% en el presupuesto en moneda nacional, y una caída de -9,1% en moneda extranjera.

Esta partida contempla recursos para: el Ejército de Chile, los organismos de salud del Ejército, los organismos de industria militar, la Armada de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo, la Dirección de Sanidad, la Fuerza Aérea de Chile, los organismos de salud de la FACH, la Dirección General de Movilización Nacional, el Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio Aerofotogramétrico de la FACH, las Subsecretarías para las Fuerzas Armadas y de Defensa, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y el Estado Mayor Conjunto.

Entre las iniciativas más relevantes enunciadas para el próximo año se encuentran:

-Aseguramiento de la operación de todas las unidades militares desplegadas en el país.

-Cubrir los gastos de operación y funcionamiento del Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI) y del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC), que tiene por función principal ejecutar actividades fiscalizadoras y de control del sistema de armas.

-Mantenimiento orientado a sostener el funcionamiento seguro de buques, aeronaves y medios terrestres.

-Mantener el servicio marítimo nacional y las actividades de fiscalización pesquera, tanto en la zona económica exclusiva como en alta mar.

-Continuidad de las operaciones y del mantenimiento en rangos mínimos de la FACH.

-Ejecución del Programa de Incentivos para el Servicio Militar, con una cobertura del 50% de la conscripción anual histórica.

-Mantenimiento esencial para la operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

-El funcionamiento de la DGAC, con su actual dotación, más la incorporación del personal requerido para enfrentar el crecimiento aeroportuario.

En el debate, los diputados Daniel Núñez (PC) y Giorgio Jackson (RD), así como la diputada Loreto Carvajal (PPD), anunciaron la presentación de indicaciones para reducir los gastos en bienes y servicios del Ejército, la Armada y la FACH, como una forma de priorizar el gasto público y derivarlo a materias como el financiamiento de las universidades del Estado.

Explicaron que la rebaja alcanza a los 24 mil millones y remarcaron que los dineros de la Defensa Nacional son muy abultados respecto del resto del erario nacional, equivalentes a la suma de las asignaciones de las partidas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Energía, de Medioambiente, de Deportes, de la Mujer, de Ciencia y de las Culturas.

En la línea contraria, los diputados Osvaldo Urrutia (UDI) y Luis Pardo (RN), en conjunto con el director de Presupuestos, Matías Acevedo, defendieron la mantención de los recursos y recordaron que la partida ya presenta una reducción en sus montos, con disminuciones relevantes como son los presupuestos de la Subsecretaría de Defensa y del Estado Mayor Conjunto, que experimentaron rebajas de un 28,5% y 30,1%, respectivamente.

Asimismo, se resaltó que quienes han cometido delitos al interior de las instituciones hoy están en procesos judiciales o condenados y recordaron que, hoy, los recursos de la otrora Ley del Cobre han permitido aportar al financiamiento de las medidas de la emergencia nacional provocada por la pandemia.

En las votaciones, finalmente las tres indicaciones fueron rechazadas.