El Gobierno informó que ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que su compromiso “es y será proteger y ayudar a todas las familias afectadas por la pandemia del coronavirus y la recesión económica mundial. Para lograr este objetivo, en los últimos 9 meses, juntos hemos construido una Red de Protección Social, que hoy presta ayuda y protección a más de 14 millones de chilenas y chilenos. Es decir, 3 de cada 4 compatriotas. Como país hemos hecho un esfuerzo enorme, reconocido por diversos organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial”.

“Dada la profundidad y extensión de la pandemia del coronavirus y la recesión económica mundial, muchas familias seguirán necesitando apoyo para enfrentar estas adversidades. En el marco de nuestro orden constitucional, el miércoles pasado el Gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que permite un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan”, agregó.

Sobre el proyecto dijo que se trata de una iniciativa “responsable que otorga un importante alivio a las personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones, no otorga beneficios tributarios injustificados a los sectores de más altos ingresos, permite la recuperación de los ahorros previsionales y, sobre todo, respeta nuestra Constitución y el Estado de Derecho”.

“Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en una iniciativa legal que permita extender el Ingreso Familiar de Emergencia a las familias más necesitadas, cuyas comunas se encuentren o puedan encontrarse bajo cuarentenas o limitaciones severas a la movilidad por razones sanitarias. El Gobierno reitera su compromiso de desplegar el Ingreso Familiar de Emergencia si las condiciones lo hacen necesario, ante una eventual segunda ola de contagios. Todos debemos contribuir a evitar esta segunda ola, tomando todos los resguardos sanitarios a nivel personal y cumpliendo estrictamente con lo establecido por la autoridad sanitaria, para cuidarnos y cuidar a los demás”, aseguró.

Entre otros puntos, añadió que “también el Gobierno está impulsando un Acuerdo para acelerar la segunda etapa de esta Reforma Previsional, la que fue aprobada hace ya un año en la Cámara de Diputados y está hoy día en trámite en el Senado”.

“Esta Reforma permite incrementar significativamente las pensiones de más de 800 mil jubilados, principalmente mujeres y de clase media, y también las pensiones de todos los futuros jubilados. Algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”, enfatizó.

“Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos”, explicó.

De esta manera, detalló que “para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales”.

“Todas las autoridades, y en especial el Presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro. Adicionalmente, siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho”, argumentó.

Agregando que “el proyecto antes mencionado no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social”.

“Las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional, que busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho”, sostuvo.

En ese sentido, concluyó que “los chilenos votamos en el plebiscito del 25 de octubre, libre y democráticamente, un camino hacia una Nueva Constitución. Durante este camino todos debemos respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho y la decisión libre y democrática adoptada por una inmensa mayoría de chilenos”.