La Comisión de Trabajo inició el estudio del proyecto de ley que establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales, presentado por el Ejecutivo y ya aprobado en primer trámite por el Senado.

La iniciativa establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, se autorice a los afiliados del sistema de AFP a realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

El texto legal, con discusión inmediata, establece que dicho retiro no podrá exceder de 150 Unidades de Fomento, ni ser inferior a 35 UF. En el caso de que los fondos acumulados sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los mismos.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que este proyecto establece “un retiro dentro de la institucionalidad, con marcos objetivos que permite morigerar el daño previsional y evitar costos fiscales adicionales”.

Agregó que tendrán derecho al retiro todas las personas que pertenecen al sistema de pensiones del decreto ley Nº 3.500, pero se excluye a las autoridades como, Presidente de la República, ministros, subsecretarios, senadores y diputados.

En cuanto al pago de los dineros, según la ministra Zaldívar, éste se realizará en un plazo máximo de 15 días y en dos cuotas, con una transferencia gratuita, con preferencia por canales digitales. La vigencia de la ley será de un año, período en el que se podrán hacer los retiros.

En materia tributaria, la ministra del Trabajo recalcó que se mantienen las reglas generales de impuestos en el país; y explicó que la Superintendencia de Pensiones deberá instruir a las AFP la operatividad del sistema.

HACIENDA

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, defendió el camino institucional para presentar proyectos y sostuvo que la reforma constitucional presentada por parlamentarios -que también permite un segundo retiro de fondos previsionales- vulnera la Constitución.

Según el jefe de la billetera fiscal, la norma invadiría tres atribuciones exclusivas del Ejecutivo, como son el gasto público (vía pilar solidario en el futuro), materias de seguridad social y tributarias. Por ello, agregó, se recurrió al Tribunal Constitucional porque “esa forma de legislar no conversa con nuestra institucionalidad”.

En cuanto a los tributos que se cobrarían en este proyecto de segundo retiro del 10%, Briones aseguró que “éste no es un impuesto específico que se crea, porque lo que aplica es el régimen general de impuestos que existe en el país”.

De esta manera, todas aquellas personas con sueldos inferiores a los 700 mil no pagarán impuestos; y quienes deban hacerlo lo harán en abril del 2021, en la operación renta. Sobre este punto, Briones enfatizó que con el primer retiro del 10% se afectó la recaudación tributaria y que lo importante es no generar exenciones tributarias.

Para explicar esta norma, el personero indicó que una persona con renta de 700 mil pesos, que retire $1 millón de la AFP, deberá pagar aproximadamente 40 mil pesos en impuestos. En tanto, quienes ganen 2 millones de pesos y retiren una cifra de 2 millones 300 mil pesos, deberán pagar 160 mil pesos en tributos.

DEBATE

Iniciado el debate, tanto parlamentarios de gobierno como de oposición coincidieron en que el corte para el pago de impuestos debiera partir en rentas superiores a los 2 millones y medio de pesos y no en los 700 mil pesos considerados. También se presentaron como alternativas de sueldos de corte 1 millón 530 mil pesos para evitar la tributación, e incluso sobre los 4 millones y medio.

Desde la UDI lamentaron que lo que se intente, mediante la exención tributaria, sea beneficiar al 5% más rico de la población y enfatizaron que el 90% de quienes recibirán el beneficio no pagarán impuesto alguno.

En la oposición pidieron que la tramitación de este proyecto no se convierta en un “gallito político” y plantearon que en materia de impuestos es “tremendamente injusto que se grave a la clase media”.

Asimismo, llamaron a concretar acuerdos entre gobierno y oposición, para tramitar cuanto antes el proyecto y que los dineros lleguen antes de Navidad.

A continuación, se insistió en la presentación de indicaciones para forzar el retiro en casos de deudas por pensiones de alimentos. Sobre este punto la ministra del Trabajo aseguró que de forzar el retiro, será el Estado el que, mediante el Pilar Solidario, deberá pagar las pensione de esos padres morosos.

Este martes 1 de diciembre, en la sesión de la tarde, se iniciará la votación en particular del proyecto, con las correspondientes indicaciones.