Cubrir las necesidades más acuciantes de los millones de venezolanos emigrados a países de la región y de las comunidades de acogida costará en 2021 unos 1.440 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros), según el llamado hecho este jueves por Naciones Unidas, que estima en 5,4 millones las personas que están fuera de Venezuela.

La mayoría de los migrantes, unos 4,6 millones, han recalado en países de América Latina y el Caribe, según datos actualizados hasta noviembre. A ellos va dirigido principalmente la labor de 158 organizaciones aglutinadas bajo este Plan de Respuesta, que está coordinado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En total, la ONU estima que hay 7,2 millones de personas necesitadas de ayuda en la región, de las cuales 1,75 millones corresponderían a poblaciones locales. El plan anunciado este jueves va dirigido a 3,3 millones de personas en 17 países, incluidos 660.000 ciudadanos de las zonas que han recibido al grueso de los migrantes venezolanos en estos últimos años.

La situación de todos ellos se ha complicado en los últimos meses debido a la pandemia de coronavirus, tanto por las restricciones de movimiento como por las limitaciones a la actividad, que se han cebado especialmente con quienes dependían de la economía sumergida para subsistir.

La pandemia ha hecho que miles de personas dependan de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades médicas, alimentarias, educativas o de refugio, al tiempo que ha exacerbado otros desafíos como la violencia de género, los problemas de salud mental o la estigmatización de los migrantes.

El enviado de la OIM y ACNUR para la crisis migratoria, Eduardo Stein, ha subrayado en un comunicado que las medidas de confinamiento y las restricciones de movilidad, aunque “necesarias”, han tenido un impacto “en la capacidad de migrantes y refugiados para conservar su sustento y el acceso a bienes y servicios básicos”.

En este sentido, ha advertido de que los venezolanos que se han quedado sin una forma de vida en estos últimos meses no siempre forman parte de las “redes de seguridad social” de las que sí pueden beneficiarse poblaciones locales, lo que puede llevar a un retorno forzado a Venezuela.

Este retorno también implica riesgos, ya que el cierre de fronteras puede llevar a los migrantes a utilizar pasos irregulares y, por tanto, quedar más expuestos a la violencia, a la discriminación o a ser víctimas de las mafias que trafican con personas.

Stein confía en un “continuo y mayor compromiso de la comunidad internacional y del sector privado” para responder a todos estos retos. “Los refugiados y migrantes de Venezuela y quienes los acogen requieren de nuestro apoyo colectivo más que nunca, no solo en términos de asistencia humanitaria urgente, sino también en ayuda al desarrollo para apoyar a las comunidades locales y soluciones a largo plazo”, ha reclamado.

AgenciaUno/EP