El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Claudia Belén Angélica Alvarado Monsalve y Josselin Fernanda Remolcoy Remolcoy, imputadas por el Ministerio Público como autoras del delito consumado de estafa reiterada, ilícitos perpetrados en mayo y julio del presente año, en las comunas de Cunco, Padre Las Casas y Temuco.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Luz Mónica Arancibia Mena ordenó el ingreso de Alvarado Monsalve y Remolcoy Remolcoy al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco, al considerar que ambas imputadas tienen causas vigentes por hurto y la imputada Remolcoy una condena previa; la reiteración del delito; el haber actuado en grupo o pandilla y que la libertad de las imputadas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

En la misma causa, el tribunal ordenó el arraigo nacional y la obligación de fijar domicilio a Jenny del Pilar Romero Pavez, imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de estafa.

Según el ente persecutor, en los meses de mayo y julio del 2020, las imputadas Claudia Belén Angélica Alvarado Monsalve, Jenny del Pilar Romero Pavez y Josselin Fernanda Remolcoy Remolcoy, además de otros dos coimputados, que constituían una banda y actuaban previamente concertados, simulaban interés en comprar vehículos que las víctimas vendían a través de redes sociales, procediendo los imputados a reunirse con los propietarios para fingir la revisión de los automóviles, acordando el pago de la suma fijada por los dueños.

Seguidamente concurrían hasta notarías de Temuco, Padre Las Casas y Cunco para la transferencia de los vehículos, previa simulación de un depósito bancario realizado por un tercero, recepcionando las víctimas un correo electrónico (…) pago que no era efectivo y de lo que las víctimas se percataban posteriormente.

Bajo esta modalidad, las imputadas se habría apropiado de seis vehículos por un monto total de $29.000.000, transacciones que de acuerdo al Ministerio Público se encuentran registradas en cámaras de seguridad de los bancos y las notarías.