La Comisión de Trabajo y Previsión Social realizó una primera sesión de audiencias, en el marco del estudio del proyecto de ley sobre reforma del sistema de pensiones.

A juicio del senador Juan Pablo Letelier, presidente de la instancia parlamentaria, “se va a tener que transformar el sistema de pensiones en Chile. La industria está altamente cuestionada. El objeto del debate de hoy no es si se divide la industria, sino ¿Cómo se divide?”.

Cabe precisar, que la instancia busca avanzar en el proyecto que mejora el sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en diversos cuerpos legales.

Durante la sesión, el senador Letelier lamentó que, en algunas posturas que han rodeado este debate público de este tema “esto parece diálogo de sordos y hay ideologización. El atrincheramiento dificulta el diálogo. La polarización la discusión no nos hace bien”.

La Comisión escuchó las presentaciones del economista de la Universidad de Concepción y Magister en Finanzas de la Universidad de Chile, Daniel Ulloa y del Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania, Patricio Arrau.

Ulloa se explayó sobre la propuesta en base al 10% de cotización adicional de cargo del empleador, con un sistema de reparto, que se aporte en un fondo colectivo solidario, con un sistema administrado por un Consejo de Administración Solidario.

El economista precisó sobre la reorganización industria 10% y un nuevo 6%, en donde “el componente de capitalización individual del pilar contributivo, será reformado de manera sustantiva a través de medidas que reduzcan costos y márgenes de utilidad, que generen mayor eficiencia con inversiones orientadas hacia el largo plazo y, a la vez, donde se introduzca mayor trasparencia y se reduzca la concentración de poder económico”.

Entre otras medidas de reforma a la estructura organizacional mencionó que “en el corto plazo las AFP destinarán el 30% de sus utilidades netas totales al fondo solidario colectivo del sistema de pensiones”.

En este marco, sentenció que se deben “establecer límites a los gastos de venta, publicidad y comercialización de las AFP y sólo estarán facultadas a realizar gastos que digan relación estricta con el cumplimiento de su objeto. Además de una mayor participación de afiliados (directorios) y fortalecer a la Comisión de Usuarios como entidad de participación social”.

En otra vereda, Patricio Arrau, señaló, en torno a la nueva institución pública, que a su juicio si “la administración de cuentas se centraliza en una nueva institución pública –denominada el Administrador Público (AP)– monopoliza las funciones de recaudación, el pago de pensiones, la cobranza de las cotizaciones morosas y la administración de las cuentas individuales, y por ende el contacto con los afiliados”.

Además, advirtió una serie de otros escenarios en donde “no sé si un ente estatal puede tener tan alto nivel de inversión, como los tienen las AFP, sobre los costos en ciberseguridad, los costos transnacionales de interoperabilidad. (…)”.

Arrau indicó que “la separación obligatoria con monopolización estatal de administración de cuentas tiene un impacto de la imagen país, porque la propuesta desnaturaliza a tal punto a las AFP que se trata de una extinción, es decir, una eliminación de su existencia “tal como la conocemos” (cita de Bases de Acuerdo de la Propuesta)”.

A su juicio, “es expropiatoria, estatiza funciones esenciales de las AFP y no contempla indemnizaciones, por ello, tiene un enorme impacto en la imagen país. Entre los inversionistas afectados con el punto anterior se encuentran los más grandes administradores internacionales de fondos de pensiones”.

La Comisión de Trabajo sesionará próximamente sobre la misma temática, oportunidad en la que escuchará al Economista e Investigador de Clapes UC, Salvador Valdés.