97% cree que el derecho al agua para debe estar garantizado en la Constitución
Greenpeace dio a conocer el estudio “Chile Gota a Gota: pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica”, encargado a la consultora internacional Offerwise, que analizó la problemática del agua durante el segundo semestre de este año, consultando a 1.012 personas a lo largo de todo Chile, con el objetivo de comprender las principales preocupaciones relacionadas a esta crisis.
El estudio incorporó un cuestionario con cinco dimensiones respecto al agua: Pandemia, nueva Constitución, dignidad, responsabilidad y futuro, mostrando la relevancia que ha adquirido el tema en la agenda de los chilenos.
Uno de los principales resultados apunta al próximo proceso constituyente, donde 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución.
Asimismo, el estudio muestra que el agua, con el 26% de las preferencias, está en el sexto lugar de las más nombradas, además de salud, vivienda, alimentos, educación y empleo.
En esta consulta, la generación Z (menores de 26 años) instalaron el agua por sobre la educación y el empleo, con el 39% de las preferencias.
Otro resultado a destacar es que el 88% de los encuestados dice que la actual falta de agua es una desigualdad social inaceptable. Respecto a la administración del agua en el país, el 87% dijo saber que está privatizada, y en cuanto a la distribución del recurso, 88% dice que no es equitativa.
Matías Asun, director de Greenpeace Chile, afirmó que “estos resultados vienen a comprobar que en este proceso histórico y social que ha sido el estallido social y la construcción de una nueva Constitución la privatización de facto del agua, en manos de unos pocos, es una injusticia que debe revertirse de forma urgente”.
“En cada encuesta que se ha publicado, este tema siempre aparece como demanda. Y sin embargo, no hemos visto en las autoridades ganas de abordar el asunto seriamente, para discutir sobre la propiedad de este bien común, sobre que vuelva a ser un derecho y cumpla su función social, permitiendo una vida digna y la protección del medioambiente, sin el cual esa vida digna será imposible. Recuperar el agua, soltarla, y dejarla al servicio de la vida primero y antes que al lucro de unos pocos es, sin duda, la principal demanda socioambiental”, agregó.
Otro de los focos del estudio del agua fue evaluar cómo veían los chilenos las medidas adoptadas por las autoridades durante el Covid-19. En pleno aumento de casos y una potencial segunda ola de contagios en el país, los resultados indicaron que 92% de los chilenos considera que el agua debería ser una prioridad en contexto de pandemia y es clave para evitar la expansión del Covid-19.
En cuanto a la evaluación del Gobierno y los planes para enfrentar el Coronavirus, esta es negativa: sólo 1 de cada 4 chilenos cree que el Gobierno ha hecho lo suficiente para paliar la falta de agua en el país.
Sobre la distribución de éste recurso en Chile en medio del coronavirus, 81% de los chilenos indicó que el Gobierno debe entregar como mínimo 100 litros de agua al día, en contraste a los menos de 50 litros diarios que actualmente se distribuyen en regiones como la de Valparaíso y aquellas comunas afectadas por la crisis hídrica, como Petorca, El Melón, Olmué, Putaendo, entre otras.
Respecto al futuro, el estudio consultó cómo ven las personas los próximos años la crisis hídrica, donde la expectativa no es positiva: 88% de la población cree que la falta de agua le afectará en un futuro cercano.
En cuanto al racionamiento en las grandes ciudades, el 48% de los encuestados cree que éste comenzará en un plazo de uno a cinco años. Además, el 93% de los chilenos indica que este tema debiera ser tratado como un asunto prioritario para el país.
“Esperamos que estos datos alumbren la realidad de la demanda por este recurso. La ciudadanía del país está clara, informada, y decidida a recuperar el agua y a soltarla y es momento de que comiencen a abrir los ojos quienes tienen la capacidad de hacer algo”, indicó Asun.
En la misma línea, sentenció que “No hay espacio para equivocaciones ni medias tintas, el agua debe ser un derecho constitucionalmente consagrado para vivir vidas dignas en un medio ambiente sano, y la constitución primero y las leyes luego deben estar alineadas con esa prioridad”.