Cámara despachó reajuste escalonado del sector público al Senado

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En condiciones de pasar al Senado quedó el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, junto con otros beneficios, luego que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el grueso de los artículos de la propuesta legal, con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

La iniciativa fue aprobada en general por la Corporación sobre la base del mecanismo constitucional de la “insistencia” a la que apeló el Gobierno, pasando luego a la Comisión de Hacienda para su análisis en particular.

En dicha instancia, se fue ratificando la generalidad de los artículos (solo uno no se aprobó de 91), facilitado por la incorporación de las señaladas indicaciones que, en lo general, elevaron el corte para la aplicación del reajuste y del bono de vacaciones; e incorporaron dos bonos: uno de término de conflicto y otro para el personal de la salud.

Sobre este último, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a su equipo, comprometió el esfuerzo del Gobierno para incorporar también en el beneficio a los trabajadores a honorarios el sector público de salud que cumplan siete meses de contratación con jornada completa.

Asimismo, hubo otros compromisos del Ejecutivo para desarrollar mesas de trabajo con otros sectores, como los asistentes de la educación y los funcionarios del Sename.

En la Sala, tras la rendición de los acuerdos de la Comisión de Hacienda por parte del diputado Manuel Monsalve (PS), el debate se desarrolló con un ánimo de valoración respecto del consenso alcanzado y la flexibilidad lograda por parte del Gobierno, destacándose la ampliación de los beneficiarios, tanto del reajuste como de los bonos. Sin embargo, también hubo quienes mantuvieron una visión crítica, la cual se expresó en la objeción de algunas de las normas de la ley.

Al momento de las votaciones, la generalidad de los 91 artículos fueron aprobados por 131 votos a favor y uno en contra. en este grupo estuvieron el reajuste, bonos y aguinaldos, entre otras materias. Luego, en votaciones separadas se ratificó el articulado restante con la salvedad de tres normas que fueron rechazadas: una para eximir del control de horario a determinados funcionarios; otra que limitaba en cuatro mil trabajadores el traspaso de honorarios a contrata; y la que definía un sistema de llamado a retiro.

El proyecto despachado

El texto considera un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020: para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a dos millones de pesos (el corte inicial era de un millón 500 mil pesos), el aumento será de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre), alcanzando con ello al 90% de los funcionarios (antes era un 75%); en tanto que para quienes superen el mencionado margen de ingreso, el incremento será de 0,8%.

El porcentaje de reajuste que corresponda aplicar en cada caso será reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.

Se excluyen del reajuste las remuneraciones del presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República. De igual modo, no se reajustarán los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afecta a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.

Por otra parte, se tiene presente que la Ley 21.233 reformó la Constitución para definir un mecanismo de fijación de las remuneraciones de los ministros de Estado y parlamentarios, sistema que, en su modalidad transitoria, se mantiene vigente hasta que surja la metodología de asignación permanente. En tal plano, dichas autoridades no pueden ser objeto de reajuste.

Asignaciones y bonos

Una de las introducciones en esta nueva fase del trámite fue la del denominado “bono de emergencia sanitaria Covid-19”, el cual fue acordado entre Hacienda y los siete gremios de la salud pública.

El citado bono será de 200 mil pesos, no imponible, ni constituirá renta para ningún efecto legal. El monto indicado corresponderá a una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales y se entregará de manera proporcional, si fuera esta inferior. Se enterará en una sola cuota, a más tardar, en enero de 2021, a cerca de 200 mil funcionarios del sistema público de salud en servicio a la fecha de su pago. A este grupo se deberá sumar los honorarios con jornada completa con contrato a siete meses.

También fue incorporado un bono de término de conflicto para los funcionarios públicos, el cual no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y que se pagará, a más tardar, en enero de 2021. Para los trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a 721 mil 187 pesos, el monto será de 97 mil 657 pesos; mientras que para quienes perciben una remuneración líquida que supere el margen anterior y sea igual o inferior a dos millones de pesos, será de 48 mil 301.

Además, se considera la entrega un “Bono Trato Usuario para Atención Primaria de Salud y los Servicios de Salud”. Este beneficio tiene su sustento en un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y cinco de siete asociaciones de funcionarios de la salud.

De igual modo, se incluye un bono especial mensual de hasta $45.000 que se aplicará durante el año 2021 para los trabajadores públicos afectos a la cobertura del reajuste mensuales, para rentas de hasta $545.000 y que se desempeñen con jornada completa. Este beneficio será también aplicable al personal asistente de la educación.

Asimismo, se realiza una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica que se desempeñan en puestos de trabajo que requieren atención las 24 horas del día en sistemas de turnos rotativos. En la misma línea, se establece una asignación especial para profesionales del Servicio Médico Legal.

Y, como es tradicional en esta propuesta de ley de ingreso anual, se incluyen otros variados beneficios para los funcionarios públicos:

-Aguinaldo de Navidad: $59.436, para las remuneraciones líquidas de hasta $794.149; y de $31.440, para rentas líquidas superiores $794.149 y de hasta $2.629.807 bruto.

-Aguinaldo de Fiestas Patrias 2021: $76.528, para remuneraciones líquidas de hasta $794.149; y de $53.124, para rentas líquidas superiores a $794.149 y de hasta $2.629.807 bruto.

-Bono de Escolaridad: aporte de $74.426 para remuneraciones brutas hasta $2.629.807, pagado en 2 cuotas iguales (marzo y junio) de $37.213 c/u. Se suma una bonificación adicional de $31.440 para remuneraciones líquidas iguales o inferiores a $794.149.

-Bono de Vacaciones: corresponde a la mitad del bono entregado el año pasado, reduciendo además el tramo alto de entrega. De este modo se proponen $62.817 para trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a $794.149; y de $43.814, para remuneraciones brutas de hasta $2.000.000.

Adicionalmente, se consideran las vías de financiamiento de los aportes; la identificación específica de las categorías funcionarias que acceden a cada tipo de beneficio; los aportes a los servicios de bienestar; bonos para el personal asistente de la educación y para las universidades estatales; y el incremento de la subvención educacional.

Por último, se modifica la Ley Orgánica de la Investigaciones de Chile; fija el monto de la bonificación a las zonas extremas; y considera la entrega de un bono de invierno (mayo 2021) de $66.292 para pensionados por el Estado, así como aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para este sector, entre otros variados puntos.

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