El intendente del Biobío, Patricio Kuhn, pidió poner sentido de urgencia al proyecto de ley que el Presidente Sebastián Piñera firmó el domingo y que busca perseguir y sancionar con más y mejores instrumentos a la delincuencia organizada.

“El crimen organizado ha costado la vida de muchas personas y sembrado el miedo en muchos barrios del país y de nuestra región. Ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Es por eso que necesitamos poner sentido de urgencia a la tramitación del proyecto presentado por el Presidente Piñera el fin de semana y que busca sancionar de mejor forma las bandas criminales”, sostuvo Kuhn.

El proyecto de ley modifica el delito de “asociación ilícita” en el Código Penal, reemplazándolo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.

La asociación delictiva sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad de hasta 5 años. Mientras que la asociación criminal, por su parte, sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años.

Con esto se establecen criterios claros para cuando se está en presencia de una “asociación” y no simplemente en un concierto de voluntades para cometer un delito. El solo hecho de “organizarse” será delito, con independencia de si se comete o no el delito que se planifica.

Para darla por establecida, el tribunal deberá apreciar una asociación delictiva o criminal atendiendo a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo.

Además, la iniciativa establece una regla de incentivo a la delación por parte de alguno de los miembros de la organización criminal. Así, el tribunal puede prescindir de las penas que hubieren correspondido, o imponer una inferior en uno o dos grados, dependiendo de la intensidad de la colaboración.

El proyecto de ley también propone la modificación y facilitación de las técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas e infiltración de redes o grupos criminales operando en el país), extensible a todos los hechos constitutivos de criminalidad organizada, con la autorización del juez de garantía. El proyecto será enviado en los próximos días al Congreso.