El senador Guido Girardi (PPD), junto a la abogada Cristina Lux y a las dirigentes sociales de Tiltil, Jeanette Mena y Bárbara González, solicitaron a la Corte Suprema acoger el recurso de casación por los vecinos de esa comuna contra la construcción de un megavertedero de residuos peligrosos de la empresa Ciclo S.A.

El parlamentario y las dirigentes afirmaron que se habrían “cometido graves omisiones durante el proceso de evaluación ambiental por parte del gobierno regional para favorecer la aprobación de un proyecto ilegal”, por lo que anunciaron que se harían parte de la casación.

El senador afirmó que “este es un proyecto ilegal en su origen y sólo existe producto de la manipulación y del uso arbitrario de las leyes. Nunca se debió haber sido aprobado”.

“Aunque la normativa es débil e insuficiente, exige algunos aspectos como la compatibilidad territorial que debía haber hecho valer la autoridad regional y no lo hizo porque el estudio de impacto ambiental (EIA) lo omitió, lo que es gravísimo, porque la empresa que lo hace responde a los intereses de sus contratantes y no los de la comunidad”, agregó.

Girardi sostuvo que “en la Ley de Delito Ambiental que presentamos y que está en trámite, la omisión de información fundamental para la toma de decisiones está severamente penalizada”.

El parlamentario argumentó que “la resolución N°49 -publicada el 9 de enero de 2001- modificó el Plan Regulador Metropolitano, excluyendo la posibilidad de permitir instalación de recintos sanitarios cerca de industrias peligrosas, precisamente por el riesgo que representaba. Es decir, el proyecto tiene un emplazamiento ilegal, y la omisión de este antecedente por las autoridades de la época implica una irregularidad en el origen de este proyecto”.

También indicó que “junto a las dirigentes sociales nos haremos parte de la casación y, con mucho respeto, le pedimos a la Corte Suprema revisar el caso (…) estos son antecedentes nuevos que no se presentaron oportunamente”.

Por su parte, la abogada Cristina Lux señaló que “el recurso de casación que están a la espera de alegatos -que serían el próximo martes- dicen relación con que el Tribunal ambiental de Santiago habría dictado una sentencia, a nuestro juicio contraria a derecho, que permitió la instalación definitiva y los permisos ambientales de la empresa Ciclo S.A”.

La dirigente Bárbara González sostuvo que, en medio de la tramitación del vertedero de Ciclo, “desde la intendencia nos hablaron del Plan Tiltil 2015-2018, pero hasta la fecha no ha sido conocido y menos materializado. Todavía estamos a la espera de la supuesta intervención por parte del Estado”.

“La vida y la salud no tienen precio, por lo que no hay ninguna medida que pueda compensar el daño que nos han infringido”, añadió.

A su vez, Jeanette Mena expresó que el mayor problema es que “los proyectos han sido evaluados de manera individual y no consideran la acumulación de carga ambiental general. Eso es una negligencia tanto del Estado como de los organismos que deben velar por la evaluación ambiental del territorio. Es urgente que el Estado se dé el tiempo para ver la calidad de vida que tenemos en Tiltil. Somos parte de Chile y tenemos el mismo derecho de todos”.