Hasta la Moneda llegó el senador Francisco Chahuán (RN) junto al diputado Tomás Fuentes (RN), para reunirse con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell.

Esto con la intención de presentar al Gobierno un proyecto de ley que crea la nueva figura legal de la “Denuncia Recompensada”, que sigue el modelo de la Delación Compensada, que es cuando un miembro de la organización criminal se auto denuncia optando a beneficios en su proceso judicial.

Esta nueva figura planteada por ambos parlamentarios contempla la posibilidad que la ciudadanía pueda, con los antecedentes del caso, establecer una denuncia que además sea recompensada con beneficios fiscales.

Chahuán afirmó que “es necesario generar una figura adicional en el proyecto que busca atacar el crimen organizado en nuestro país, y básicamente se plantea una denuncia recompensada que es distinta a la figura que actualmente contempla el proyecto que dice relación con Delación Compensada”.

“La delación, supone que una de las personas dentro de la banda denuncia, eso es un primer paso importante, pero establecer además la posibilidad que la ciudadanía pueda con los antecedentes del caso establecer una denuncia que además sea recompensada con beneficios fiscales, nos parece que es adecuada y que busca comprender que no hay ni un minuto más que perder en esta lucha en contra del narcotráfico, que se está tomando las calles de nuestro país”, complementó el senador.

Por su parte, el diputado Fuentes señaló que “para la urgencia actual consideramos junto al senador Chahuán que la ciudadanía tiene que asumir un rol relevante”.

“Es por eso que la misma ciudadanía podría entender que denunciando en forma segura y también en forma recompensada podría más llegar no solamente al que vende el pito en la calle, sino que también al laboratorio que trabaja la droga, al contenedor que lo transporta etc”, agregó.

Los subsecretarios que participaron de la reunión, señalaron que esta es una materia que hay que estudiar y se manifestaron interesados en poder incorporarla eventualmente al proyecto del Ejecutivo, puesto que podría ser un buen mecanismo para detectar, sancionar y disuadir la colusión en torno al delito.