Con la firma de diputadas y diputados de distintos partidos del Frente Amplio, PPD y PS se presentó la tarde de este martes la ‘Agenda anti-represión’ que incluye la derogación de leyes utilizadas “arbitrariamente” por el Gobierno y la convocatoria a una mesa con expertos y organizaciones sociales a debatir y presentar propuestas sobre Seguridad Pública Integral.

La iniciativa consiste en un proyecto de ley que consta de tres artículos: uno que deroga la Ley de Seguridad del Estado (Decreto N°890 que fija el texto actualizado y refundido de la ley n°12.297); otro que deroga el artículo 268 septies del Código Penal (conocido como norma antibarricadas) y un tercero que deroga el artículo 12 de la ley 20.931, que se refiere al control preventivo de identidad.

El proyecto cuenta con las firmas de la bancada Revolución Democrática (Maite Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Catalina Pérez y Jorge Brito) más el patrocinio de las diputadas Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado y Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD) y Boris Barrera (PC).

“La manera en que el Gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado el malestar social expresado en las calles de nuestro país, ha puesto de manifiesto la existencia de herramientas penales que se han utilizado únicamente para neutralizar a los adversarios políticos, para silenciar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social y para estigmatizar a sectores de la población que ven vulneradas sus garantías constitucionales por parte de policías que ejercen un control discrecional sobre ellos. Lo que buscamos es derogar leyes innecesarias que sólo han vulnerado los derechos fundamentales en materia de orden público, discriminan y han sido utilizadas con fines políticos. Buscamos más y mejor democracia, en conclusión, buscamos un Estado moderno y democrático”, señaló Orsini.

Con respecto a la Ley de Seguridad del Estado, los parlamentarios sostienen que la facultad exclusiva de invocarlo por parte del Presidente de la República genera arbitrariedades en la manera de perseguir penalmente, tal como ha quedado demostrado el último año y medio.

“Invocar esta ley para quienes lanzan una motocicleta a un río o un huevo a una autoridad pública y no hacerlo en contra de quienes amedrentaron a una fiscal es una muestra de la utilización política de esta herramienta”, sostuvo Jackson.

La medida es respaldada por algunos académicos y expertos en el tema, quienes además explican que esta ley tiene como origen la Ley de Defensa Permanente del Régimen Democrático, o también conocida como “La ley maldita”, que ha sido criticada por diversos organismos internacionales y otros, como el INDH.

Con respecto a la “norma antibarricadas”, los parlamentarios señalan que su derogación no tendrá gran impacto, ya que se mantiene el 269 del Código Penal que tipifica los desórdenes públicos, y que ella se ha usado de manera político comunicacional para enfrentar algunos hechos de violencia ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

Finalmente, el texto busca derogar también el control preventivo de identidad aprobado en 2016 ya que se trata de una norma que no ha sido efectiva en la prevención de delitos y que solo contribuye a estigmatizar a sectores de la población conforme a la discrecionalidad de las policías.

En ese sentido, el diputado del PC, Amaro Labra indicó que el control preventivo de identidad “se trata de una herramienta altamente ineficaz en la persecución de los delitos, precisamente porque no se trata de una técnica de investigación, sino meramente de una regla pensada para subsanar los defectos de falta de prolijidad del trabajo de las policías”.

Además, el parlamentario sostuvo que esta herramienta tiene directa relación con “el mal construir leyes en términos de asuntos comunicacionales o decididamente con interés político partidista, lo que le hace muy mal a la democracia, hace mal al desarrollo de un país que necesita que el pueblo crezca culturalmente”.

Según explicaron los parlamentarios, el porcentaje de efectividad bordea el 2% con más de 5 millones de controles anuales, según las cifras de los propios Carabineros en su Cuenta Anual 2019.

Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, señaló que “el gobierno de Piñera, así como las administraciones anteriores, han utilizado el derecho penal para criminalizar la protesta social y estigmatizar a algunos sectores de la población. La aplicación de estas tres leyes se hace de forma unilateral, abusiva y discriminatoria. Por eso creemos que es necesario avanzar en su derogación para mejorar nuestra democracia y cumplir con los estándares internacionales”.

Finalmente, la diputada socialista, Daniella Cicardini, agregó que “estas leyes se han usado como un instrumento de populismo penal, para justificar la represión violenta, las detenciones ilegales para perseguir la lucha reivindicatoria del pueblo mapuche y criminalizar el movimiento social” y agregó que lo anteriormente mencionado “es inaceptable en una democracia. Nosotros queremos que el gobierno se dedique a buscar a los delincuentes de los portonazos, al narcotráfico y a los delincuentes de cuello y corbata, pero no estamos dispuestos a que se use el combate contra la delincuencia para perseguir la protesta. Las policías deben usar sus recursos para perseguir la delincuencia y no avalar montajes ni limitar las libertades de las personas”.