En 2016 un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, entre los que se encontraba Bernardo Berger, plantearon crear una Defensoría de Víctimas de Delitos, pero el proyecto no fue acogido por el Gobierno de la época. Por eso hoy el diputado por Los Ríos aplaudió que sea la administración de Sebastián Piñera la que se haya hecho eco de la idea.

A juicio de Berger, el proyecto de ley anunciado el fin de semana por el Ejecutivo “recoge el espíritu y los aspectos más esenciales de la idea que planteamos como resolución el 2016; es una modificación sustancial que viene a llenar el gran vacío de nuestro actual sistema de justicia que, desgraciadamente, deja en desventaja ante la ley a quienes precisamente han sido las víctimas de delitos”.

Berger recordó que “ésta era una propuesta que veníamos barajando hace muchos años, desde el 2003 cuando yo era parte de la Asociación Chilena de Municipalidades y la desarrollamos con el entonces senador (Alberto) Espina. La repusimos en 2016 junto a un grupo de diputados de RN; el Congreso la aprobó ese mismo año, pero como tenía materias exclusivas presidenciales, debía contar con el apoyo de la ex Presidenta de la República, cosa que jamás ocurrió”.

Agregó que en la actualidad “la fiscalía está para los tribunales, la defensoría penal protege al delincuente, y nadie en este país protege a la víctima de un delito; por eso este proyecto viene a reparar esta inequidad en que son precisamente las víctimas, las únicas que no tienen amparo del Estado de Chile”.

A juicio del legislador de Chile Vamos, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos –eje central del mensaje del primer mandatario- viene a “resolver tanto la carencia de representación de la víctimas, la persecución penal de los delitos en favor de los afectados, pero también da centralidad a un conjunto de esfuerzos, hoy dispersos, que buscan proteger a grupos más vulnerables de la ciudadanía”.

De acuerdo al anuncio del Presidente Piñera, la Defensoría de las Víctimas prestará asesoría y defensa jurídica a quienes hayan sido objeto de delitos; entregará además asistencia sicológica y social, con énfasis “en las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la integridad sexual y la libertad”.

Para ello, se unificará bajo el paraguas del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y en la Defensoría de las Víctimas de Delitos toda la oferta pública disgregada, lo que incluirá las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial, los programas especializados para niños y adolescentes (Mi Abogado), el Programa de Defensa Integral del Adulto Mayor y el Programa de apoyo a las víctimas del Ministerio del Interior.