Disposiciones que son contrarias a la libertad personal y de igualdad ante la ley; la discrecionalidad excesiva a la autoridad administrativa para determinar la expulsión de las y los extranjeros; el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes y la pérdida del derecho al sufragio de las y los migrantes, son parte de los argumentos de expertos, representantes de la sociedad civil y del diputado Boris Barrera (PC), que ayer expusieron ante el Tribunal Constitucional (TC) a favor del requerimiento contra la Ley de Migración y Extranjería.

En la audiencia pública, que se extendió por dos horas 30 minutos, los expositores pidieron al TC impugnar 13 artículos de la norma que consideran afectan gravemente los derechos de las personas que llegan al país en busca de mejores oportunidades.

En su intervención, el diputado Boris Barrera, afirmó que la ley aprobada recientemente, “pudo haber sido un proyecto mucho mejor, pero se optó por crear una caricatura con la migración y los migrantes y generar una iniciativa legal precaria”. Además, reafirmó “que la migración debe ser enfrentada de manera inclusiva, solidaria y participativa y no rotulando y difamando, con caricaturas, a la migración y los migrantes. En pocas palabras, hay que tratar a los extranjeros, como tratamos a los chilenos”.

El legislador indicó que entre los puntos que vulnera la ley está el derecho a sufragar, ya que la norma define avecindamiento como un periodo de tiempo de cinco años que habilita el ejercicio del derecho a sufragar contados desde la obtención de un permiso de residencia. No obstante, se establece la posibilidad de interrumpir ese tiempo y perder lo acumulado en caso de perder la categoría de residente y, por tanto, perder el derecho a votar. Además, agregó, excluye a los trabajadores de temporada del ejercicio de sufragio.

Discrecionalidad administrativa

La representante de la Asociación por las Libertades públicas, Claudia Sarmiento, afirmó que la norma contiene disposiciones que son contrarias a la libertad personal y de igualdad ante la ley. “La devolución inmediata y la potestad que se le entrega al Subsecretario del Interior para expulsar a extranjeros y de prohibir hasta por 30 años el ingreso al país y retener a una persona sin control jurisdiccional de forma previa a la expulsión por 72 horas, son inconstitucionales y a nuestro juicio, no satisface los estándares internacionales”, precisó.

Sarmiento indicó que hay una excesiva discrecionalidad que se entrega a la administración del Estado, con medidas manifiestamente desproporcionadas y que no dota de claridad respecto de qué tipo de mecanismo o tutela existe para controlar.

Por su parte, María Emilia Tijoux, de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, expuso sobre las diversas expresiones de racismo existente en el país. “Nuestras investigaciones demuestran la existencia del racismo en el país en sus diferentes formas, siendo el institucional el más violento debido a la violencia simbólica, cínica, callada y naturalizada que supone normal tratar a seres humanos de manera diferenciada en las instituciones del país” puntualizó. Agregó que existe un “racismo cotidiano” pero que parece no conmover a nadie. “Por eso estamos acá porque creemos que el país que queremos debe despojarse de todo racismo, trabajando y revisando, sobre todo, nuestra propia historia”.

Varios expositores coincidieron en que la ley impulsada por el gobierno de Piñera entrega espacios de discrecionalidad excesiva a la autoridad administrativa e incluso tendrán un gran impacto en la región.

Impacto en la Región

Al respecto, Camila Barretto, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, indicó que entre los puntos que vulneran el derecho internacional, se encuentran las expulsiones. “La entrega de la potestad al subsecretario del interior y la facultad de expulsar sin causa legal definida, sino por razones de seguridad interior o exterior, y que le permite actuar con total discrecionalidad sin tener que fundamentar la expulsión de los extranjeros, es un procedimiento incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en la Convención Americana de DDHH referentes al debido proceso” precisó.

En relación a los aspectos que regulan la seguridad social, Barretto expresó que el limitar el acceso a la protección social que debe brindar el Estado a personas y familias vulnerables, es contrario a lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más aún si se trata de personas de irregularidad migratoria.

Derechos de NNA

Sobre el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes (NNA), Isaat Ravetllat, de la Red de Universidades por la Infancia de Chile, señaló que este debe ser entendido como una medida de protección. Sin embargo, en la ley de Migración y Extranjería se vulneran varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Esto, porque no establece una autoridad o mecanismo que fije cuál es el interés superior y garantice el derecho a ser escuchado ese NNA y solo establece que coordinará una autoridad competente, pero no especifica qué autoridad y cómo se va a plasmar el interés superior del NNA.

En tanto, los representantes de la derecha y el oficialismo, señalaron que la ley es constitucional y debe ser promulgada como fue aprobada en el Congreso.

A la audiencia concurrieron Claudia Sarmiento, por la Asociación por las Libertades públicas; María Emilia Tijoux, por la Cátedra de racismo y migraciones contemporáneas de la Universidad de Chile; Francisco Bustos, por el Movimiento de Acción Migrante; Daniel Quinteros Rojas, por el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat; Tomás Greene Pinochet, por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes; José María Hurtado Fernández, en representación de la Senadora Luz Ebensperger; Diego Pérsico Torres, por la Fundación Migra Chile; Matías Rodríguez , de la Red de Migrantes y post migrantes; Camila Barretto, del Centro de Estudios Legales y Sociales; Rodolfo Nogueira, de la Coordinadora Migrantes y del Comité de Refugiados Peruanos en Chile; Tomás Pinto de la Fuente, de la bancada UDI; Isaac Ravetllat Ballesté, de la Red de Universidades por la Infancia de Chile; el Diputado Boris Barrera Moreno y Francisca Vargas Rivas, por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales.