El diputado Miguel Crispi (RD), miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca establecer parámetros legales en el uso de la fuerza y armas menos letales por parte de las fuerzas de orden y seguridad en el mantenimiento del orden público.

Lo que se busca, es que exista una herramienta legal que permita el control civil del actuar policial, para que se rinda cuentas cuando no se respetan los protocolos establecidos, y por consiguiente, se afecten los derechos de las personas sujetas a dicho uso de la fuerza.

“Hemos ingresado un proyecto que le da rango legal a los principios y directrices generales del uso de la fuerza, además de establecer ciertas prohibiciones, que aunque están señaladas de manera sucinta en los protocolos, nos parece que deberían tener un rango legal. Por ejemplo, la prohibición de realizar detenciones masivas, de utilizar gases químicos que no tengan certificación -garantizando que no generarán un daño mayor a la población- el cuidado que se debe tener al detener a niñas, niños y adolescentes, etc.”, explicó el parlamentario.

En la misma línea, Crispi manifestó que “este proyecto trata de englobar un debate que se ha dado respecto a los protocolos en el uso de la fuerza. Lo que queremos es establecer ciertos estándares, para que haya obligación de rendir cuentas a la Contraloría y a las Comisiones de DDHH de la Cámara y el Senado”.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su último Informe Sobre la Regulación Legal del Uso de la Fuerza Pública, destaca la importancia de avanzar a una regulación legal, “para asegurar un ejercicio compatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.

El proyecto cuanta con la firma de toda la bancada de Revolución Democrática (RD).