La coalición política opositora argentina Juntos por el Cambio ha pedido la comparecencia del presidente, Alberto Fernández, en el Congreso para dar explicaciones sobre las vacunas “de privilegio”, administradas a dirigentes ligados al oficialismo en la sede del Ministerio de Salud, y que ya han costado el cargo al ministro de Salud, Ginés González García.

“Empezando por el presidente, siguiendo por cada uno de sus funcionarios y funcionarias, y los responsables del Ministerio de Salud, deben dar explicaciones en el Congreso de esta estafa a la Nación”, ha afirmado la coalición opositora a través de un comunicado titulado “Otra vez la inmoralidad oficialista”.

Consideran que ha llegado el momento de que el presidente de explicaciones públicas sobre las irregularidades en la campaña de vacunación. “Es hora de que rindan cuentas y de que los vacunados en forma ilegal rindan cuenta a la Justicia por este delito. No robaron ningún bien material, se robaron la esperanza y la salud de muchos argentinos”, han subrayado.

Además, han exigido al gobierno que “informe el inventario de las vacunas, los vacunatorios habilitados y el registro de todas las personas” que fueron inoculadas. “Entendemos que esta situación es de una absoluta inmoralidad, hipocresía y apropiación de lo público, que desde el oficialismo pretenden minimizar con la sola renuncia de González García”, ha añadido la formación que lidera el ex-presidente Mauricio Macri.

“Hoy, este escándalo de corrupción en la vacunación, cuando aún faltan dosis para el personal de salud, de seguridad, docentes y los adultos mayores, nos obliga a repetir la exigencia de la publicación de datos y protocolo, que hasta ahora se ha ocultado a la ciudadanía y que permitió que se lleve adelante la aplicación de dosis a los amigos del oficialismo”, ha argumentado.

El texto lleva la firma de Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (CC), Mario Negri (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Juan Manuel López (CC), Cristian Ritondo (Pro), Humberto Schiavoni (Pro) y Miguel Ángel Pichetto.

También Coalición Cívica, el partido que lidera Elisa Carrió, y la diputada nacional Graciela Ocaña (JxC-CABA) están estudiando presentar denuncias penales contra González García.

González García dimitió el viernes después de que Alberto Fernández pidiese su renuncia al destaparse un escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

El caso se conoce ya en Argentina como el de las “vacunaciones VIP” y un fiscal ha abierto ya causa penal por la “bajeza” y la falta de moral de vacunar a políticos sin que se haya culminado la vacunación del personal sanitario y las personas mayores.

La nueva ministra de Salud del país será Carla Vizzotti, cuyo anterior cargo era el de secretaria de Acceso a la Salud, según ha informado la agencia Télam.

Vizzotti tiene 47 años y es especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas y en sistemas y seguridad social. Además, es la fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

El escándalo ha salido a la luz después de que el periodista argentino Horacio Verbitsky asegurara durante una conversación con la emisora de radio El Destape, que había accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria gracias a la gestión de su “viejo amigo” González García.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky, quien recibió la primera dosis de la Sputnik V el jueves.

Verbitsky fue más allá y añadió que cuando estaba yendo hacia el hospital recibió un mensaje directo de González García. “Me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”.

Entre los que también han recibido la vacuna saltándose los requisitos estarían el líder sindical y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, su esposa y su hijo adolescente, según revela el diario ‘La Nación’.

Como consecuencia, el fiscal Guillermo Marijuan ha presentado una denuncia penal contra González García y contra el periodista Horacio Verbitsky por “la presunta comisión de delitos de acción pública en la que habrían incurrido, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas”.

Marijuan ha pedido que la investigación no se limite a “los casos en particular que se denuncian” sino que “se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico” de vacunación en las distintas jurisdicciones.

“La denuncia no solo abarca a Ginés y otros como imputados, sino que las provincias deben informar a quiénes vacunaron como personal de Salud”, ha explicado una fuente de la Fiscalía al diario argentino ‘La Nación’. El fiscal envió su denuncia el viernes por correo electrónico a la Cámara Federal, que el lunes sorteará quién será el juez que va a investigarla.

Marijuan ha indicado que su denuncia obedece a que “personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina se encuentran siendo vacunadas”. Se trata de “determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas personalmente con distintos funcionarios” que recibieron la vacuna rusa Sputnik V cuando aún “no se logró vacunar a la totalidad del personal de salud y cuando recién se encuentra en sus inicios la etapa de vacunación de los adultos mayores”.

“Se trata de un acto de una inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse lo pueda hacer”, ha recalcado.

El fiscal ha criticado la “bajeza” y la falta de moral de los involucrados. “Me hace recordar a los peores momentos de la Argentina, como fue en el año 2001, cuando se dispuso un Plan de Jefas y Jefes de Hogares Desocupados, que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza, y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”, ha argumentado.

AgenciaUno/EP