La Comisión de Constitución continuó con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En este marco, con el voto unánime de los parlamentarios y parlamentarias de la instancia, se aprobó la indicación de la diputada Pamela Jiles (PH) que determina que no podrá ser diputado ni senador quien tenga dependencia de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.

En dicha línea, la norma define que la autoridad, para asumir el cargo, deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse, además, cada un año, durante el ejercicio del cargo.

De igual forma, se aprobó la aplicación de la medida para el Presidente de la República; ministros de Estado; jefes superiores de servicio; subsecretarios; delegado presidencial, regional o presidencial provincial; gobernador regional; consejero regional; alcaldes y concejales.

Otros alcances de la normativa

Durante la sesión y tras un debate que incluyó las observaciones del Ministerio del Interior, la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Publico, los parlamentarios dejaron pendiente la votación de una norma que busca que los Servicios de Vivienda y Urbanización puedan demandar, en conformidad a las normas sobre cobro ejecutivo que la ley establece el pago de los saldos de precio u otros créditos que se les adeuden por distintos conceptos, sea en calidad de sucesores legales de las entidades del sector vivienda, ya que, de alguna manera, la normativa podría afectar la configuración de la familia y los derechos del niño.

Posteriormente, rechazaron una indicación propuesta por el diputado Sebastián Torrealba (RN) que planteaba que, en caso de que una persona sometida al control de identidad registre condenas penales por crímenes de la Ley 20.000, de Drogas, o 17.798, sobre Control de Armas, la policía procederá al registro en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) destacó el aumento de las facultades en el control preventivo de identidad que propone la norma, mientras que, desde la oposición, el diputado Leonardo Soto (PS) consideró imprudente el planteamiento considerando, por ejemplo, lo ocurrido en Panguipulli, con el caso del joven malabarista.