Ayer miércoles, la Corte Suprema declaró admisible el recurso presentado por el consorcio ASDIT, integrado por 11 de las principales instituciones de educación superior del país, junto a centros de investigación y empresas nacionales e internacionales, que busca revertir la decisión de Corfo de adjudicar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a la corporación Associated Universities Inc. (AUI), en un proceso de licitación en que se acusan errores e irregularidades.

Anteriormente, en fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago había negado la admisibilidad del recurso presentado por las instituciones de educación superior chilenas.

Sin embargo, tras una apelación presentada por ASDIT, el máximo tribunal revocó la decisión, detallando que “del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

Cabe recordar que en 2019 comenzó un proceso de licitación para definir el o los organismos que estarían a cargo de la implementación del ITL, un centro de investigación e innovación que tiene por objetivo estudiar el desarrollo de energías renovables para una minería con bajas emisiones de CO2, cuya infraestructura se construirá en la región de Antofagasta.

En este territorio, además, se basará el desarrollo de una política de estrategia nacional de hidrógeno verde. Este importante proyecto representa la mayor inversión en I+D+i realizada en Chile en los últimos años.

Luego de diversas demoras, Corfo adjudicó su realización al consorcio extranjero AUI, que cuenta con la participación de tres universidades privadas chilenas. Lo anterior, en desmedro de la propuesta presentada por el consorcio ASDIT.

Este proceso de licitación evidenció un conjunto de falencias procedimentales, demoras en la resolución, y no se tomó conocimiento de la evaluación realizada por un panel de expertos internacionales, quienes entregaron la más alta puntuación a la propuesta de ASDIT.

Además de las acciones judiciales que han llevado adelante, representantes de las universidades han presentado el caso ante la Cámara de Diputados y el Senado, lo que llevó a la presentación de un reclamo de ilegalidad interpuesto por parlamentarios y parlamentarias ante la Contraloría General de la República, así como la conformación de una comisión investigadora en la Cámara Baja.