La Comisión de Constitución despachó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En la última sesión, la instancia termino de votar el articulado pendiente y el análisis de una serie de indicaciones. Destacan entre ellas, la aprobación de una norma para impedir ser juez o jueza a quienes utilicen drogas o estupefacientes ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.

Aquello se suma a iniciativas aprobadas anteriormente, específicamente una indicación de la diputada Pamela Jiles (PH), que determina que no podrá ser diputado ni senador quien tenga dependencia de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.

En dicha línea, la norma define que la autoridad, para asumir el cargo, deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse, además, cada un año, durante el ejercicio del cargo, tal como en el caso de los jueces.

De igual forma, se aprobó la aplicación de la medida para el Presidente de la República; ministros de Estado; jefes superiores de servicio; subsecretarios; delegado presidencial, regional o presidencial provincial; gobernador regional; consejero regional; alcaldes y concejales.

Asimismo, en esta jornada, el debate se centró en un set de indicaciones, presentadas por el diputado y presidente de la comisión, Matías Walker (DC). Estas buscan crear un verdadero muro entre el narcotráfico y la política y los partidos políticos, así como de parte de las personas que aspiran a cargos de elección popular. La idea es sancionar gravemente a quienes reciban financiamiento por parte del narcotráfico. En líneas generales, cualquier persona formalizada por delitos de este tipo estará impedida de realizar acciones de financiamiento a la política.

Las indicaciones fueron valoradas por todos los y las diputadas. El diputado Luciano Cruz Coke (Evópoli) dijo que “me parece perfecto porque no debe quedar ninguna duda de ese impedimento y ese muro no pude ser sobrepasado”. Misma opinión dio a conocer el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), ya que “las indicaciones están muy bien trabajadas y marcarán un importante avance en esta materia”.

Respaldo compartido por el diputado Leonardo Soto (PS) y René Saffirio (independiente), quienes agregaron que si bien en Chile estos casos no se han llevado a cabo de manera profunda, en comparación a otras naciones, “es indispensable que existan normas duras que impidan esa relación entre política y narcotráfico”. “En esta lucha no hay que dar tregua”, agregó el diputado Marcos Ilabaca (PS).

El proyecto de ley refundido se fundamenta en que si bien Chile no se caracteriza por ser un productor de drogas, la cercanía con otros países de la región que elaboran este tipo de sustancias nos trasforma en una nación de tránsito para mercados que concentran la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, la demanda interna de nuestro país lo convierte en un mercado atractivo para la delincuencia organizada y por ello es importante tomar todas las medidas para atacarlo.

Por otra parte, se señala que diversos grupos de narcotraficantes han desafiado a la autoridad y han hecho muestra de su poder de fuego con armamento militar de alto calibre. Además, las redes de corrupción del narcotráfico y el crimen organizado cada vez penetran y causan daños a diversas instituciones, organismos e integrantes de nuestra sociedad.

El texto será informado en Sala por el diputado Sebastián Torrealba (RN).